La nueva gobernanza global y la trampa de los nuevos estándares mundiales. Primera parte

 

 

Índice 

Orden evolutivo de la estandarización del pensamiento y de la vida
Paso 1. Dar acceso
Paso 2. Dar acceso a servicios
Paso 3. Dar el derecho de acceso a servicios
Paso 4. Dar el derecho de acceso a servicios de calidad
Paso 5. Dar el derecho de acceso a servicios de estándares de calidad
Paso 6. Dar el derecho de acceso a servicios de calidad basados en estándares, medibles y comparables entre ellos
Paso 7. Derecho de acceso a servicios de calidad basados en estándares, respaldados por la medicina basada en evidencias
Paso 8. Politización y estandarización de la sostenibilidad; Retrospectiva histórica y actualidad
Paso 9. Presentarse como protectora de estándares sociales y ambientales. El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD)
     El ejemplo de la iniciativa REDD de la ONU. Estándares sociales antisociales
Paso 10. Estándares ambientales, sociales, y de buena gobernanza (ASG). Lo que exigen los inversores en desarrollo sostenible
Paso 11. Redefinir la sostenibilidad, De la “sostenibilidad ecológica, social y económica” a los “estándares ambientales, sociales y de gobernanza”
Paso 12. Informes estandarizados sobre el cumplimiento de los estándares ASG
Paso 13. Consolidar la maquinaria estandarizadora mundial. ISO 53001. Estándares para la gestión de la Agenda 2030
Paso 14: Burocratizar la gobernanza mundial entre estándares mundiales y derecho nacional. El derecho administrativo global
Paso 15: Privatizar la gestión de estándares mundiales y desautorizar al estado

Prefacio. Estandarizar y sostenibilizar la vida

El “enfoque” de One Health de la OMS/ONU sostiene que la mayoría de las enfermedades se reduce a las interdependencias con los “ecosistemas” y los animales que viven en ellos y destaca la importancia del acceso a recursos naturales y el derecho a un ambiente sano. Gran parte de los ODS de la Agenda 2030 de la ONU está relacionado con la salud personal y medioambiental. En 2022 la ONU adoptó una resolución histórica por la que declara el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano universal (ONU, https://news.un.org/es/story/2022/07/1512242). Un año más tarde, la ONU comunicó el plan de someter toda la gestión de los programas y agendas de sostenibilidad a un estándar internacional (ISO 53001 de la Organización Internacional de Normalización), que establecerá los requisitos de un sistema de gestión de los ODS de la ONU, con el objetivo de “la normalización y mejora de los estándares internacionales que fomentan acciones de sostenibilidad entre los “stakeholders” de la política y los “interesados” del mundo económico-financiero. Poco antes, en 2018, la Organización Internacional de Normalización estableció el estándar ISO 14008 para la “Valoración monetaria de los impactos ambientales y aspectos ambientales relacionados”.

No sorprenderá a nadie que, dentro del gran escenario mundial de la sostenibilización y estandarización, la nueva conciencia de salud y medioambiente tenga su repercusión en los intereses del ámbito económico-financiero; al contrario, el interés del mundo económico-financiero en estos temas ha existido desde el principio y ha sido una fuerza impulsora decisiva desde el principio. Encontrar vías para comercializar la salud y la naturaleza no supone ningún problema para los intereses de la gran inversión con tal de tener los instrumentos y argumentos adecuados. Una parte importante de ellos, aunque poco visible, son los estándares oficiales medioambientales, sanitarios, sociales y de “gobernanza” (energética., ambiental, sanitaria, educativa), también desarrollados por la ONU y sus organismos especializados (entre ellos en Banco Mundial, la OMS, la UNESCO, el FMI, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)) y sus aliados, grupos, agencias y programas.

La OMS ha declarado la salud como asunto mundial; la sostenibilidad es asunto mundial gestionado por la ONU a través de varios programas iniciados a partir de finales del siglo pasado; los temas de la salud y sostenibilidad han sido dramatizados por la misma ONU mediante la Agenda 2030. La “definición” de One Health sostiene que la salud humana es en gran parte reducible a un medio ambiente sano y a ecosistemas sostenibles. En este contexto., establecer estándares medioambientales, sanitarios y sociales parece lo más natural y lógico, pero hay que mirar las cosas de cerca:

Cuando a finales del siglo pasado, el Banco Mundial urgió a los gobiernos establecer estándares de educación, no lo hizo por ser filántropo, humanista y experto en educación. La industria educativa tenía necesidad de dichos estándares “de calidad”, que en realidad eran criterios de rendimiento de docentes y estudiantes. Como se sabe, las cuentas han salido bien. La mercantilización de la educación ha sido un éxito mundial, lo mismo que la burocratización y los sistemas de monitoreo.

Si en aquella época la transformación del bien cultural de la educación y enseñanza en mercancía era realizable a pesar de ser cuestionable desde el principio ético social, no menos universal que los mismos estándares mundiales, hoy, la transformación en mercancía de la naturaleza y de la salud sigue siendo cuestionable, pero también siguen siendo mercancía gracias a los métodos de estandarizar, comparar, medir, calcular y valorar a nivel mundial – métodos con los que es posible asignarles un valor económico-monetario – un valor que en realidad no existe: La naturaleza (los “ecosistemas” en el lenguaje técnico) no es mercancía por no ser producto del trabajo humano en el sentido de una ciencia económica; mientras la salud no debería ser mercancía por razones ético sociales.

Sin embargo, vista a la escasa resistencia frente a programas y estándares educativas mundiales de aquella época, la ONU, paralelamente a su empeño de diseñar el “nuevo” concepto de One Health y proclamar los ODS, sacó un paquete de propios estándares, entre ellos los estándares ASG (ambientales, sociales y de buena gobernanza) y los hermanados estándares ISO para la valoración y monetización del medio ambiente. Estas medidas de estandarización superan los intentos anteriores de la ONU y la OCDE, de estandarizar la educación y enseñanza y otros campos de la vida. El estándar ISO 14008, “internacionalmente reconocido”, significa que la monetización de cualquier servicio relacionado con la naturaleza sea también “internacionalmente reconocido” como práctica normal y normalizada.

Si el objetivo original de la evaluación de servicios era establecer estándares para luego evaluar su cumplimiento o incumplimiento, ahora se da el paso de la evaluación de empresas y proyectos a la valorización de bienes naturales. Si antes el interés económico-comercial se centró en la evaluación y demostración del valor de un servicio en términos de calidad/eficacia, ahora, la valoración del medio ambiente y los servicios relacionados calcula el valor en términos de sostenibilidad, de beneficio para el ser humano, su salud y bienestar, ya sea a nivel local o a nivel global (salud del planeta, bienestar de la humanidad, alcanzar los ODS). Si antes, el cumplimiento de estándares (de calidad/rendimiento) fue una garantía para la inversión rentable, ahora se produce un giro hacia procesos aún más rentables, más rápidos y eficaces, más cómodos para la inversión. Y más apoyados y acreditados por nuevos estándares mundiales.

A todo ello se suman los llamados estándares de buena gobernanza, necesarios para las políticas a su vez orientadas en los estándares internacionales, tanto ambientales y sociales (estándares AS). Este nivel de estándares hace posible la evaluación de gobiernos y señalar su grado de compromiso y cumplimiento.

Este tipo de evaluación del rendimiento de gobiernos en cuestiones de la buena gobernanza está a cargo de organizaciones World como la OCDE y los organismos de la ONU; sin embargo está creciendo el número de agencias privadas que certifican y evalúan el rendimiento de empresas relacionado con los ODS y los estándares ASG. El poder de agencias privadas con campo de acción supranacional se expande aún más cuando asumen la función de mediadores y asesores de gobiernos, actuando en el nombre del nuevo “derecho administrativo global”, un derecho fantasma mundial, construido paralelamente a las formas del derecho oficialmente vigente (véase más abajo en este artículo).

**
¿Qué podría haber de malo con tanto esfuerzo de hacer funcionar las cosas de una manera tan universal y consensuada?

Esta es la primera parte de una serie de textos publicadas en esta página, que describen los hechos y las tendencias actuales. El lector podrá sacar sus propias conclusiones, aunque por supuesto se presentan algunas en estos textos. La quinta parte de esta serie se dedica al intento de presentar consecuencias y conclusiones de una forma estructurada, dentro de lo posible.

 

Los estándares ASG” mundiales. Factores invisibles de la ingeniería social

Los nuevos “estándares sociales“ se crean, desarrollan y gestionan por las grandes organizaciones World sin que apenas nos demos cuenta. Afectan nuestra vida sin que nos hayamos dado cuenta de su existencia.

**

El proceso de construcción de una realidad de estándares mundiales es lento y oculto, con cambios de paradigma ligeros y sutiles. Estos últimos parten de la Declaración Universal de Derechos Humanos con el derecho a la educación y el derecho a salud y el bienestar, pasan por la definición del derecho de “acceso equitativo” a servicios educativos y sanitarios, y terminan en que la gobernanza educativa y sanitaria solo funcionan bien si siguen los estándares de gobernanza (y financiación) y aseguran los estándares de calidad de servicios educativos y sanitarios. En el camino intervienen los grandes actores globales como el Banco Mundial, primer motor y promotor de la estandarización de los estándares de educación y salud, en cooperación con la OCDE, gestora y evaluadora mundial de estándares sociales de todo tipo, . Los objetivos mundiales para una sola y misma educación y salud, siguen vivos en los ODS 2030 de la ONU. 

El Banco Mundial puede ser considerado el padre de los estándares de educación y de otros servicios públicos y privados. ¿Cómo? Para contestar a esta pregunta hace falta desentrañar un nodo de conceptos entretejidos, empezando en el extremo del principio.

En general, los estándares se consideran útiles y llenos de ventajas para la vida práctica, por ejemplo en la ingeniería industrial y para normas internacionales para nuevos productos o nuevas tecnologías. El hábito de asociar cosas positivas con la palabra “estándar” puede hacer que obtengan bienvenida espontánea incluso en el campo de la educación o de la asistencia sanitaria.

Desde que la Organización Mundial del Comercio haya determinado que los servicios tienen que ser tratados bajo los mismos criterios comerciales que los productos, muchos servicios sociales están sometidos a normas que son ajenas a su naturaleza. Si se trata de un servicio postal, puede tener sentido establecer una serie de estándares para la eficacia del servicio; sin embargo, manteniendo estándares para “servicios” culturales en los que debe predominar la libre responsabilidad, productividad y creatividad, como por ejemplo en la pedagogía o terapia, los estándares solo pueden ser contraproducentes, y su efecto, devastador para el trabajo y la dignidad del que los realiza y del que los recibe.

Una vez establecido, un conjunto de estándares puede ser cambiado y ampliado en cualquier momento por la institución que los ha introducido y tiene la autoridad de administrarlas, junto con otros “indicadores”, “referencias” y “benchmarks”. Sin embargo, su verdadera naturaleza consiste en que son instrumentos de poder – instrumentos de medir y comparar su cumplimiento y controlar el rendimiento de las personas sometidas a ellos – a lo largo de países, regiones e instituciones.

 

La ONU. Los objetivos de desarrollo sostenible y los nuevos estándares de gobernanza sostenible

Resulta imposible tratar el fenómeno de los nuevos estándares internacionales y mundiales emergentes sin entender la relación con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. La relación entre los ODS mundiales y los estándares mundiales, siendo muy compleja, se puede reducir a lo siguiente: Un elemento decisivo y recurrente de los ODS es el del concepto de la “gobernanza” – otro concepto ideado por los grandes Consensos mundiales y definido a la medida de sus intereses. La definición de la “gobernanza” es amplia y difusa, pero aun así, dentro de su carácter abstracto y general, ha sido revestido de “estándares” definidos para su funcionamiento, llenos de altos propósitos sociales, “estándares de gobernanza”, “buenas prácticas para la gobernanza sostenible”, “buenas prácticas de gobernanza sostenible”, mezclados con “estándares sociales” y “estándares ambientales”.

A estas alturas de los desarrollos, agencias privadas de “supervisión” (o líderes mundiales en inspección, verificación, y certificación de cumplimiento de estándares y objetivos) definen la “gobernanza sostenible” de acuerdo con la filosofía del Foro Económico Mundial y de la Agenda 2030 de la ONU.

Una definición de la propia ONU reza:

“Desde la perspectiva de los derechos humanos, la gobernanza se refiere, sobre todo, al proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la realización de los derechos humanos. Aunque no existe consenso internacional sobre la definición de 'buena gobernanza', su sentido podría abarcar las características siguientes: respeto pleno de los derechos humanos, Estado de Derecho, participación efectiva, asociaciones de múltiples interesados, pluralismo político, procesos e instituciones transparentes que rindan cuentas, un sector público eficiente y eficaz, legitimidad, acceso al conocimiento, información y educación, empoderamiento político de la población, equidad, sostenibilidad, y actitudes y valores que fomenten la responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia.”

ONU, Acerca de la buena gobernanza y los derechos humanos, El ACNUDH y la buena gobernanza,

https://www.ohchr.org/es/good-governance/about-good-governance#:~:text=El%20concepto%20de%20gobernanza%20hace,evaluaci%C3%B3n%20al%20proceso%20de%20gobernar.

 

Después de semejante tormenta de ideas y definiciones, no extraña que haga falta la tarea hercúlea de volver a poner orden. A este fin, nada mejor que introducir medidas para resolver el problema anteriormente generado: los estándares de gobernanza.

No hay vuelta atrás al mundo que funcionaba sin tales estándares. Al contrario, hay que seguir adelante con más estándares, que garanticen un estado estable del caos ordenado y reordenado.

A este fin superior, con ayuda de la OCDE, experta de estandarización y evaluación de casi todo, la ONU ha hecho un gran esfuerzo para introducir los estándares de evaluación del comportamiento deseado de tantos grupos de interés que forman parte de la gobernanza. Han recibido el título de honor de “stakeholders”, e incluso tienen el honor de conseguir entre todos una “gobernanza sostenible” para un planeta sostenible.

Los estándares internacionales se complementan con los estándares de la OCDE/ONU/OMS, etc., para la evaluación del buen comportamiento de los gobiernos en todo el mundo.

Lástima que en el camino se haya producido un error por descuido. La ONU y su organismo del ACNUDH (Alto Comisionado para los Derechos Humanos) considera en ningún momento proponer medidas en el marco del derecho internacional, con reglas para las cuestiones sociales y ambientales que afectan al mundo entero. En lugar de ello, la ONU posiciona la gobernanza por encima de los gobiernos, y con ello, los estándares de gobernanza por encima del derecho – con la consecuencia de que grupos de interés (“stakeholders”) privados puedan intervenir en asuntos que antes eran asunto exclusivo de derecho. El resultado de estas conjunciones confusas es el concepto difuso del “derecho administrativo global”, que subsume la acción de los stakeholders (incluyendo la actividad asesorías privadas de certificación y evaluación) bajo un supuesto paraguas jurídico.

Lo que falta por completo dentro de la “definición” de la gobernanza es el ámbito libre de la ciencia, filosofía y cultura, capaz de desarrollar ideas nuevas e independientes. Este actor ausente no se echa de menos porque su lugar y función están ocupados ya por los mismos definidores de la gobernanza, con sus representantes más visibles de la ONU y el Foro Económico Mundial. El acuerdo estratégico, firmado entre ambos en 2019, para “acelerar la implementación de la Agenda 2030”, es un acuerdo bilateral, no públicamente debatido, entre la acción política mundial y los intereses de las grandes multinacionales.

El FEM tiene sus propios pensadores modelo selectos; la ONU mantiene sus propias universidades de referencia (líderes mundiales en cumplimiento de ODS). El gran Consenso de la Sostenibilidad mantiene su propia concepción del mundo y del ser humano, una concepción reduccionista y reducida a justificar sus objetivos. El pensamiento libre molesta, es más, tiene que ser vigilado y censurado, bajo constante sospecha de rebelión y resistencia al pensamiento unificado.

 

Autoridad mundial de estándares de pensamiento y comportamiento

La existencia de una autoridad mundial como la de la ONU (y de sus suborganismos como la OMS) puede ser motivo de reconocimiento incuestionable. Cuando la misma autoridad mundial emite directrices, declaraciones y recomendaciones, tiene prácticamente asegurada que estas se cumplirán.

Si la misma autoridad mundial produce y proclama sus propios estándares internacionales o inicia una cooperación con la International Organization for Standardization para desarrollar el estándar ISO 53001 para la certificación del cumplimiento de los ODS, puede parecer que ya no queda nada por desear.

Si la misma autoridad mundial, después de haber hecho la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, siendo la primera autoridad en declarar el “derecho de acceso a …” (agua, alimento, servicios sanitarios, vacunas, …), y siendo además la autoridad que ha definido los objetivos globales de alcanzar el “derecho de acceso a …” en la Agenda 2030, la puesta en duda de los estándares y reglas mundiales para conseguir los objetivos será cerca de cero.

Si, por encima, la filosofía de la necesidad de normalización del pensamiento y comportamiento se produce en un escenario de problemas mundiales, peligros mundiales y objetivos globales, la solución de cumplir reglas unificadas y estándares mundiales puede parecer imprescindible para solucionar problemas, enfrentar peligros y alcanzar objetivos.

Los nuevos estándares de sostenibilidad, de política de sostenibilidad y de salud en todas las políticas, ejercen poder y presión independientemente de los escenarios de urgencia y emergencia presentados por las autoridades World. Sin embargo, dichos escenarios, de cambio climático y pandemias emergentes, de enfermedades zoonóticas emergentes, dibujados dentro del concepto de One Health de la OMS (véase el artículo de esta página web: One Health. El nuevo paradigma del Consenso de la Salud Mundial), son un factor de gran fuerza catalizadores para la construcción e implantación de los nuevos estándares, ya sean estándares empresariales y medioambientales preparados para la última PYME o estándares de “gobernanza sostenible”.

Si la misma institución mundial que define, redefine y declara objetivos y estándares, también define, redefine y declara emergencias y pandemias, la situación de presión político-moral, con los factores anteriormente descritos, hacen que la voz libre de gobiernos e individuos, solo puede ser percibida como interferencia perturbadora.

Todo ello dentro de un ámbito jurídico híbrido pero aceptado y dentro de reglas democráticas que no existen, pero no se echan de menos.

Aunque los ODS no son jurídicamente vinculantes, se espera que los gobiernos los hagan suyos y establezcan marcos nacionales para la consecución de los 17 objetivos.

El ciudadano cosmopolita de a pie que hoy reivindica sus derechos cívicos basándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, tiene que saber que la necesidad de reclamar sus derechos puede residir en las ideas y prácticas de la misma ONU y/o sus suborganismos, ya sea en forma de estándares sociales y ambientales negociados en entre políticos e inversores, o en forma de estándares de buena gobernanza, que son el terreno de acción para políticos e inversores, en forma de estándares que miden la mercantibilidad del medio ambiente, o en forma de estándares de la ONU para proyectos de desarrollo (véase el capítulo “El ejemplo de la iniciativa REDD de la ONU. Estándares sociales antisociales”).

Orden evolutivo de la estandarización del pensamiento y de la vida

El orden lógico aquí documentado tiene su lógica intrínseca pero también tiene su orden cronológico o histórico-evolutivo, con estándares mundiales diseñadas en las últimas décadas por las organizaciones World y seguidas en forma de medidas y políticas por los gobiernos europeos, occidentales y demás que se someten a ellos.

Los nuevos estándares, hoy se llaman abiertamente “estándares sociales”. Junto con los estándares medio-ambientales y estándares económicos, han llegado a ser estándares de facto, que luego pueden ser la base de legislación y/o para la rentabilidad y seguridad de inversiones.

Lo que históricamente empezó con la “recomendación” del Banco Mundial, de introducir estándares de educación, junto con los mecanismos de la OCDE de controlar y monitorear el cumplimiento de los estándares educativos mediante el programa PISA, hoy está culminando en un sistema de “estándares sociales” en el que las estrategias de mundialización se están acentuando de tal forma que sirven para el control del comportamiento de salud y sostenibilidad, un sistema en el que el control y monitoreo se convierte más y más en un sistema de presión, de "premiar a los mejores, penalizar a los peores". Este sistema ya fue propuesto por la Comisión Europea en 1998, en el marco de establecer estándares para la sostenibilidad del medio ambiente (Comunicación de la Comisión al Consejo al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, página 12), un sistema que sigue existiendo bajo otros nombres y en nuevas agendas, con poca visibilidad para la conciencia pública, pero con el mismo gesto de condicionar y monitorear la vida.

**
A continuación se intenta describir la cadena de pasos de ingeniería social en la que los distintos tipos de estándares, incluyendo estándares medioambientales y “sociales”, han emergido y siguen emergiendo de una manera visible pero al mismo tiempo clandestina, desde un ambiente de organizaciones World difícil de describir y controlar. Obviamente, las organizaciones World se aprovechan del hecho de que los estándares tienen validez general que justifica su aplicación mundial; por otro lado, la introducción y selección de los estándares son caseros y hechos a medida de los objetivos de dichas organizaciones. De todas formas, no hay que olvidar que el objetivo de usar los estándares para medir y comparar el rendimiento de personas y proyectos, excluye todo tipo de otros “estándares sociales” imaginables, como por ejemplo lo difícil de medir el amor de una persona por su trabajo.

A lo largo del proceso de realización de estándares se verá que aumentan su poder en la misma medida que lo hacen las organizaciones World que los están estableciendo. El conjunto de pasos (no completo) se puede describir como sigue.

Paso 1. Dar acceso

Los papers estratégicos del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), la ONU y la OMS están llenos de preocupaciones por el acceso de la población mundial a recursos naturales y productos primarios.

En la ilustración de One Health, Una sola Salud mundial, (https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37600/JTFOWU.pdf), el título “Inclusivity, equity and access” (Inclusión, equidad y acceso), expresa esta preocupación por el desarrollo sostenible con acceso equitativo a recursos naturales, pero también a productos y servicios.

Las preocupaciones y advertencias de las organizaciones mundiales sobre el problema de acceso equitativo tienen en común el enfoque mundial en el sentido de la sostenibilidad del planeta, de la salud mundial y “cobertura sanitaria universal”
Con lo cual, estas organizaciones se autoasignan la tarea de intervenir en favor de un acceso justo y del derecho al acceso, y hacerlo además con responsabilidad y autoridad de desarrollar soluciones a lo largo del mundo.

Paso 2. Dar acceso a servicios

Los tratados de comercio libre firmados por los estados miembros de la OMC a finales del siglo pasado y principio del siglo XXI, consideran que los servicios tienen el mismo rango de objeto comercial que los productos de comercio, incluyendo servicios de suministro de agua y energía, pero también “servicios” culturales como la educación y la asistencia sanitaria. Con los servicios comerciables, el derecho de comercio se apodera de elementos que en gran parte pertenecen genuinamente al ámbito cultural y como tales no son directamente clasificables como mercancía (como los servicios del médico de familia o los del profesor de un centro médico o de un empleado de un centro independiente de investigación).
El concepto de “acceso a” elimina en gran medida los conceptos centrales de cualquier teoría económica: “oferta” y “demanda” – dos factores que se encuentran en equilibrio dinámico y se determinan por las facultades libremente dedicadas o producir y ofrecer un producto, y la libre decisión de consumidor de dirigir sus necesidades a este producto u otro.

Con la mera introducción del concepto de “acceso” como predominante y condicionante en el pensamiento World, el pensamiento desencadena otros, consecuentes y consecutivos, como: acceso a servicios, acceso a servicios de calidad, acceso a servicios de calidad garantizada mediante estándares internacionales y mundiales, etc., conduciendo a concepciones y nuevas “realidades” como por ejemplo los “servicios ecosistémicos” y los estándares para su comercialización (véase la segunda parte de esta serie; en particular “El Millennium Ecosystem Assessment de la ONU. La definición de servicios ecosistémicos”).

 

Paso 3. Dar el derecho de acceso a servicios

El “derecho de acceso a” es una frase cada vez más presente en las declaraciones y publicaciones de los diseñadores de estándares mundiales y derechos sociales/humanos.

En el contexto de los programas mundiales para la política de educación (OCDE, PISA, etc.) se trataba de declarar el de derecho al acceso a servicios de educación (incluyendo el “derecho” de acceso a internet y de poseer un propio ordenador personal). En 2022 la ONU declaró el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano universal (ONU, https://news.un.org/es/story/2022/07/1512242). Otro ejemplo es el “derecho a la alimentación” introducido por la ONU a través de un órgano suyo, la FAO, y firmado por los estados miembros de la FAO, como una especie de compromiso o declaración de buena voluntad.

Mas tarde, en 2004, la FAO adoptó las “Directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación”. (ONU, FAO, ¿Qué es el derecho a la alimentación?, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/)

“El derecho a la alimentación es el derecho que tiene cada uno a alimentarse con dignidad. Es el derecho de tener acceso continuo a los recursos que le permitirán … asegurar la salud y el bienestar.”
ONU, FAO Derecho a la alimentación, https://www.fao.org/right-to-food/resources/resources-detail/es

El “derecho de acceso a” es parte de un nuevo mundo feliz de derechos que no existían antes. Derechos postulados de acuerdo con la ingeniería lingüística y social de los que los declaran. Un fenómeno social mundial relacionado con el hecho de que hace décadas no había políticos y proveedores que hablaban de “servicios de calidad” aunque la calidad de los servicios públicos no era menor de la que es en el presente.

 

 

Paso 4. Dar el derecho de acceso a servicios de calidad

La frase de “servicio de calidad” se hizo viral a finales del siglo XX en forma de “educación de calidad”, como fruto de una campaña de concienciación pública orquestada por los intereses del así llamado “Consenso de Washington”, una frase que, debido a su gran éxito y eficacia, ha sido copiada tal cual por el Consenso de la Salud Mundial, resultando en la fórmula de “atención sanitaria de calidad”. Usando este atributo como elemento fijo de su retórica, los secuestradores de la vida cultural se toman y dan la autoridad de decir al resto del mundo qué significa un servicio “de calidad”. La pedagogía y la salud se convierten en asunto de expertos burocráticos de organizaciones World, no de profesionales que han trabajado en estos campos durante toda una vida.

Lo que en su tiempo fue la campaña de concientización para una “educación de alta calidad para todos”, hoy tiene su enfoque en servicios de salud de alta calidad y sostenibles, para todos.

“A fin de que la salud para todos sea una realidad, las personas y las comunidades necesitan: acceso equitativo a servicios de salud de alta calidad.”
OMS, Tratado de Pandemias

 

 

Paso 5. Dar el derecho de acceso a servicios de estándares de calidad

Lo que aumentan aún más el poder de las fuerzas World son los estándares desarrollados para ser seguidos globalmente. La calidad de la educación se vuelve en un conjunto de estándares de calidad, detrás de los que se esconden criterios para medir el rendimiento de estudiantes y profesores, y la rentabilidad de las inversiones en educación.

Los estándares de educación siguen siendo dictados por la industria, por ejemplo cuando los representantes de la industria informática recomiendan a partir de qué edad un niño debe ser capaz de mover un ratón y presionar botones y teclas de un dispositivo.

Para información más detallada sobre el desarrollo de estándares en el campo de la salud, véase el artículo en esta página web: “One Health. El nuevo paradigma del Consenso de la Salud Mundial”, capítulo “Benchmarks, estándares, “control de calidad”, instrumentos de poder” y otros.

 

Paso 6. Dar el derecho de acceso a servicios de calidad basados en estándares, medibles y comparables entre ellos

El poder de las organizaciones World da un salto cuantitativo al darse y tomarse ellas el derecho de supervisar, medir y comparar el cumplimiento de los estándares mundiales. Un buen ejemplo es el aparato mundial de la OCDE para medir, monitorear y comparar el rendimiento escolar mediante el programa PISA. Como resultado, siempre hay un país o un sistema que queda atrás u ocupa el último puesto en la clasificación, y puede ser señalado.

Los aspectos humanistas de la enseñanza no entran en los estándares de educación y por lo tanto no son evaluados. Como son criterios no medibles, simplemente quedan fuera de juego.

En el campo de la salud, con el mero hecho de diseñar criterios para medir la fiabilidad, eficacia y cientificidad de terapias y tratamientos médicos, pero también para medir y comparar los grados de fiabilidad, eficacia, preparación y disposición de los sistemas sanitarios nacionales, la OMS se otorga a sí mismo un poder cuya influencia en las legislaciones nacionales está aumentando vertiginosamente en los últimos años.

“La función principal de la OMS es establecer normas y estándares. La labor normativa está impulsada por la necesidad y puede traducirse en un impacto real en los países mediante políticas adecuadas. “
OMS; “WHO Benchmarks for Training in Anthroposophic Medicine”, https://iris.who.int/handle/10665/366645

 

Una vez integrada en el sistema mundial de estándares (que en ningún momento habría formulado por propio impulso o propia necesidad), la medicina complementaria depende de cómo la política interpreta y gestiona estos estándares y compara el grado de su cumplimento a lo largo de todo el mundo.

 

Paso 7. Derecho de acceso a servicios de calidad basados en estándares, respaldados por la medicina basada en evidencias

En general, la autoridad que sugiere la existencia de estándares mundiales se amplía, desde la selección, interpretación y valoración y peso, a la justificación científica. En el campo de la medicina, la gestión de estándares como instrumento de poder alcanza un nivel superior por el hecho de que los estándares sanitarios, farmacéuticos, etc. incluyen criterios de seguridad y eficacia – criterios que, una vez más, tienen que estar bajo el mando y control de alguien, es decir, del conjunto de organizaciones World que los han establecido. La seguridad y eficacia de un medicamento o tratamiento es un asunto serio y difícil de desestimar, sobre todo si una organización mundial como la OMS, que también se presenta como representante de la medicina basada en evidencias.

"En vista de la creciente importancia de la medicina tradicional en la atención sanitaria a nivel nacional y mundial, la OMS y sus Estados Miembros están estudiando formas de integrar, según proceda, servicios médicos tradicionales y complementarios seguros y basados en la evidencia científica en los sistemas de salud nacionales o subnacionales. "
...

"La OMS proporciona orientación política y técnica a los Estados Miembros y promueve el uso seguro y eficaz de la medicina tradicional y complementaria mediante una reglamentación adecuada de los productos, las prácticas y los profesionales. "
WHO Benchmarks for Training in Anthroposophic Medicine

En su paper “Estrategia de la OMS respecto a la medicina tradicional, 2014–2023”, se destaca

“la importancia del papel de la OMS en la prestación de apoyo técnico para la integración de la medicina tradicional y complementaria basada en la evidencia, según proceda, en los sistemas y servicios de salud de los Estados Miembros”.
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB152/B152_CONF9-en.pdf

En el documento citado, no se explica qué hay que entender por “apoyo técnico” para la integración de la MTC en el sistema convencional; sin embargo es obvio que consiste en la aplicación de los estándares y benchmarks (comparación de estándares existentes) de la OMS, el sistema de niveles de cientificidad definidos por la OMS, y los criterios de evaluación de cumplimiento de estándares establecidos en el espíritu del Banco Mundial, la OMS, la OCDE, la Agenda 2030, etc. (véase los puntos siguientes).

 

Paso 8. Politización y estandarización de la sostenibilidad; Retrospectiva histórica y actualidad

Históricamente visto, un paso decisivo previo para la introducción de la idea de “estándares sociales” (véase abajo) fue la idea de hablar de “sostenibilidad social“.

Hoy, entre los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se encuentra, entre otros, el objetivo 3: Salud y bienestar: “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, y asegurar así el desarrollo sostenible”, de acuerdo con los objetivos planteados por la OMS: “promover la salud, preservar la seguridad del mundo, alcanzar el más alto grado de salud y bienestar para todos.“

Sin embargo, antes fue necesario apoderarse del concepto de la sostenibilidad, nacido en el movimiento ecológico “verde” en los años 70 y 80, con una fuerte presencia en Alemania, como parte del pensamiento ecológico del partido político Los Verdes.

En la misma época, una Comisión de estudio del Parlamento Alemán (Bundestag), cuyo origen no está muy claro hasta hoy, decide que hay que redefinir a toda prisa el concepto de sostenibilidad tal como más tarde aparecería en el Informe Brundtland (1987) y otros informes de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU definió, diferenciando entre: sostenibilidad ecológica (el concepto central y original del movimiento ecológico), sostenibilidad económica, y sostenibilidad social. Un paso histórico en el camino del adueñamiento del concepto de “sostenibilidad” de parte de intereses políticos y económicos.

El Principio 3º de la Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo (1992) acogió la definición del desarrollo sostenible del Informe Brundtland y propuso integrarlo en la Agenda 21 para el desarrollo sostenible, aprobada en 1992. La creación de la organización Millennium Ecosystem Assessment (MA) de la ONU en 2000 se enmarca en la búsqueda de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el séptimo de los cuales era garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. El 25 de septiembre de 2015, en la 70º Asamblea General de la ONU, la sostenibilidad logró el protagonismo final en la adaptación de la Agenda 2030.

En octubre de 2023, la ISO (Organización Internacional de Normalización) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un acuerdo de colaboración que incluye la elaboración de la primera norma internacional para unificar los criterios en la documentación y certificación del trabajo de las organizaciones y las empresas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

La futura norma ISO 53001 

“establecerá los requisitos de un sistema de gestión de los ODS de la ONU, con el objetivo de “la normalización y mejora de los estándares internacionales que fomentan acciones de sostenibilidad del sector público y del privado [es decir de la política y de los stakeholders del mundo económico-financiero] ”
(UNE, Normalización Española)

La cooperación ONU/ISO es un caso representativo de la sostenibilización y estandarización mundiales. La simbiosis tecnocrática consiste en que la ONU usa la envergadura internacional de los estándares ISO para consolidar la concepción de la sostenibilidad como asunto global; y como respuesta, los estándares ISO consolidan la imagen de los ODS de crear beneficio y bienestar para todo el mundo. En general, se usa la palabra mágica de “sostenibilidad“ para crear estructuras de poder, influencia y control, siempre entre los representantes de la élite de los stakeholders mundiales.

Lo que tuvo su comienzo en los años 80 y 90 del siglo pasada, con el adueñamiento y la institucionalización mundial de la sostenibilidad de parte de la ONU, tiene su consecuencia en la política continuada de la ONU y de la OMS, y en los conceptos los ODS y One Health.

La sostenibilidad social, en su forma politizada, se define como garantía de acceso a los recursos y servicios necesarios para una vida digna, a través de políticas y programas adecuadas. La sostenibilidad se convierte de principio de conciencia individual en objetivo mundial, del que se sienten responsables los líderes nacionales, pero sobre todo los líderes mundiales. La acción local sostenible se convierte en elemento de la Agenda 2030, en proyectos abiertos a la participación libre dentro de la predefinida “gobernanza participativa”.

La sostenibilidad social es el concepto clave de la Agenda 2030 de la ONU y del Objetivo 3 de la Agenda 2030: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.

Dentro del marco de los ODS y One Health, la dignidad humana recibe su valor de parte del estado que le garantiza los derechos de acceso, y las grandes multinacionales que le facilitan el acceso, por ejemplo al agua potable. Los “stakeholders” de la nueva gobernanza mundial de la sostenibilidad solo puedan gozar de igualdad y dignidad si pertenecen a los “stakeholders” superiores, o alineados. Los “stakeholders” como los Colegios de Médicos alineados a los ODS, gozan de pleno derecho de comunicación y cooperación, mientas el médico individual independiente, por muy importante y comprometido que sea su opinión, es considerado un “stakeholder” no grato e incluso peligroso.

Una vasta parte de actividades y trabajos en los que el individuo era, es o aún podría ser el protagonista soberano de la actividad social y cultural, se politizan, institucionalizan y mundializan, de tal forma que la situación mundial (o la presentación de la misma) es la orientación decisiva para la acción realizada en el entorno inmediato social, cultural, medio-ambiental, agrícola, etc. Se sacrifica la sensación de responsabilidad individual por el entorno, como máxima expresión de la voluntad del Yo comprometido a cuidarlo desde su libertad, compromiso y capacidad. El individuo se convierte en una especie de ciudadano mundial abstracto y es tratado como ser humano con responsabilidad por el mundo y la humanidad, como uno del conjunto de los representantes del género humano. Ahora, la relación y el interés individuales en las condiciones locales y regionales son un asunto político, que a su vez pertenece a un marco de acción mundial. La acción local e individual sigue existiendo pero ha perdido gran parre de sus fuerza original, sometida a ideas y reglas normalizadas y unificadas. Las consecuencias del nuevo (o no tan nuevo) fenómeno de un solo pensamiento globalmente unificado para la humanidad quedan por investigar por personas que se sientan con capacidad para ello.

El tema de la salud, que para el ser humano en primer lugar significa salud individual, igual que el tema de la sostenibilidad, que a su vez es un tema individual en el sentido de que es un asunto de corazón para el individuo que tiene su propio interés originario y libre de cuidar su entorno, han sido politizados, mundializados y estandarizados.

A lo largo del proceso esbozado, el concepto de la sostenibilidad se ha desvirtuado, metamorfoseándose de un ideal y valor que el individuo puede defender con su conocimiento y capacidad, a un programa mundial – una agenda que enseña al individuo cómo seguir de forma institucionalizada los objetivos mundiales que él puede defender por libre iniciativa dentro del entorno que conoce y ama. El antiguo principio de la subsidiariedad, que dejó libertad y margen de obra a una comunidad para autogestionar sus asuntos, brilla por ausencia en la Agenda 2030; se ha reemplazado por los lemas de “gobernanza participativa” y “capitalismo de stakeholders”, hechas a la medida de intereses del poder y capital mundiales.

De todos modos, el concepto de la sostenibilidad siguió vivo, aunque en forma de fantasma conceptual hueco, gracias a las intervenciones inmediatas de las grandes organizaciones World. Ejemplo de ello fueron las declaraciones retóricas del Fondo Monetario Internacional sobre el “crecimiento económico sostenible”, de la OMC sobre el objetivo de desarrollo sostenible por medio de lograr fronteras abiertas para el comercio mundial, y del Banco Mundial sobre “una globalización sostenible”.
(véase Roberto Bermejo Gómez de Segura, Del desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como biomímesis, Universidad del País Vasco)

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 2012 declaró una globalización compatible con la sostenibilidad, afirmando “que el comercio internacional es el motor del desarrollo y el crecimiento económico (...) beneficiando a todos los países en todas las etapas del desarrollo, a medida que avanzan hacia el desarrollo sostenible”.

“Es evidente que no son adaptaciones sino manipulaciones, debidas a su interés por mantener el modelo económico imperante.” (Ibídem)

 

Paso 9. Presentarse como protectora de estándares sociales y ambientales. El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD)

El término de “estándares sociales” tal como fue forjado en el programa de la ONU titulado “Estándares Sociales y Ambientales” para el desarrollo (https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-07/UNDPs-Social-Environmental-Standards-SPANISH.pdf), combina en sí por un lado, la filosofía y terminología del Consenso de Washington (estándares para la educación), y por otro, la redefinición de la sostenibilidad en “sostenibilidad ecológica, sostenibilidad económica y sostenibilidad social” en las declaraciones de la ONU del siglo pasado (véase Paso 8. Sostenibilidad social. Retrospectiva histórica).

Los estándares de los proyectos de desarrollo del PNUD son: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales, Cambio climático y riesgo de desastres, Salud, seguridad y protección de la comunidad, Patrimonio cultural, desplazamiento y reasentamiento, Pueblos indígenas, Trabajo y condiciones laborales, Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos.

Para los grandes inversores, los “estándares sociales” son un conjunto bien definido de parámetros que les permite barajar las opciones de “compensar económicamente” a la población afectada, incluyendo una “compensación en efectivo”, la “mitigación” de efectos de posibles “desplazamientos“ como resultado de la “adquisición” de grandes superficies de tierra. Véase la segunda parte de esta serie de artículos, capítulo “Estándares sociales dentro del PNUD: expropiación e indemnización”,

**

El paso de metamorfosis de la sostenibilidad social (garantía de acceso a ...) a los “estándares sociales” (protección, indemnización mitigación, … en el contexto de “intervenciones” de proyectos de desarrollo) es un salto cuántico dentro de la política World con los actores principales de la ONU, la OCDE, el Banco Mundial y otros. Mientras, por ejemplo, los esfuerzos de la OCDE de definir estándares para la educación y la salud eran destinados a la garantía de la inversión en servicios de educación y sanidad “de calidad”, ahora la ONU vela sobre el cumplimiento de sus estándares AS como “parte integral de las responsabilidades de garantía de calidad”.

El objetivo ya no es controlar y vigilar la “calidad” (el rendimiento económico) de un servicio; los “estándares sociales y ambientales” del PNUD van dirigidos directamente al análisis de condiciones medioambientales y sociales y las posibles intervenciones del capital para acondicionarlos a “inversiones de desarrollo sostenible”. La función del estándar ISO 14008 es hacer más fáciles de realizar los estándares de protección, indemnización mitigación, no solo por la calculación estandarizada del valor de un bien natural, sino también por la trampa de definir un bien natural como prestador de servicios ecosistémicos. Esto significa que un inversor que adquiere una gran superficie de terreno, lo puede declarar como servicio ecosistémico por el mero hecho de ser propietario y mediador del mismo. No tiene que implantar un servicio social/ambiental real, solamente tiene que calcular la calidad del servicio prestado por la naturaleza.

 

El ejemplo de la iniciativa REDD de la ONU. Estándares sociales antisociales

Un ejemplo concreto de cómo se usan los estándares sociales y medioambientales proclamados de la ONU en sus proyectos de desarrollo (sostenible), es la iniciativa REDD ([Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los bosques), de la ONU, apoyada por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de la ONU.
Dentro del objetivo principal es atender a los intereses de los inversores que necesitan estos estándares como “salvaguardia” para sus inversiones, la FAO comunica en su página web:

“La iniciativa REDD+ (Estándares Sociales y Ambientales) tiene como objetivo … apoyar a programas que hacen una contribución significativa a los derechos humanos, la reducción de la pobreza y conservación de la biodiversidad. Los estándares … son relevantes para todas las formas de financiación basada en el mercado o en fondos.”
Organización mundial de la ONU para la alimentación y la agricultura (FAO), https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tools-details/en/c/240899/

EL objetivo de realizar altos cometidos éticos a través de estándares puede levantar ciertas dudas, sin embargo la realidad ya se ha adelantado en forma de un llamado de los “beneficiarios” de los proyectos de desarrollo de altos estándares de sostenibilidad ambiental, social y económica:

El llamado de los pueblos indígenas por una moratoria sobre REDD+, del año 2012, denuncia entre otras cosas que

• REDD+ amenaza la supervivencia de los Pueblos Indígenas y comunidades que dependen de los bosques “
• Los pueblos indígenas están siendo sometidos a violaciones de sus derechos como resultado de la implementación de políticas y programas tipo REDD+, incluyendo: el derecho a la vida de los opositores a REDD, desplazamiento forzoso y reubicación involuntaria, la pérdida de tierras, territorios y recursos, medios de sustento, soberanía y seguridad alimentaria, y la imposición del llamado “sustento alternativo” que resulta en la separación de nuestra gente de sus comunidades, culturas y conocimiento tradicional.”
• “REDD+ y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) promueven la privatización y comodificación de los bosques, los árboles y el aire a través del comercio … Esto podría comodificar casi toda la superficie de la Madre Tierra,”

La llamada denuncia que no se cumplen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y con ella los estándares “ambientales y sociales” de la ONU y sus programas de desarrollo, así como los estándares sociales y ambientales mencionados en la cita de la FAO (“contribución significativa a los derechos humanos”):

“REDD+ se presenta como un medio para fortalecer los derechos a la tenencia de la tierra, pero de hecho se utiliza para debilitarlos.”
Pueblos Indígenas hacen un llamado por una Moratoria sobre REDD+, 2012, http://rio20.net/documentos/pueblos-indigenas-hacen-un-llamado-por-una-moratoria-sobre-redd/

Más que el objetivo de hacer realidad los estándares AS de sus proyectos y programas de desarrollo, el primer y principal objetivo de la ONU y del Consenso de la Sostenibilidad es el introducir y establecer más estándares ASG y declarar y materializarlos dentro de la retórica necesaria para generar una imagen popular y publicitaria de responsabilidad ética de la inversión sostenible.

La iniciativa REDD/REDD+ de la ONU es un ejemplo de cómo crear un campo de experimento para la “inversión sostenible“ de acuerdo con el Sustainable Stock Exchange Initiative de la ONU, con las reglas y estándares como el espíritu de explotar los “servicios ecosistémicos” de un país en desarrollo y la regla del “pago basado en resultados” a los proveedores privados de servicios. Para más detalles, véanse las partes 2, 3, y 4 de esta serie de artículos.

Paso 10. Estándares ambientales, sociales y de buena gobernanza (ASG). Lo que exigen los inversores en desarrollo sostenible

El término ESG (Environmental, Social, Governance) se utilizó popularmente por primera vez en un informe de 2004 titulado "A quién le importa, gana", que fue el resultado de una iniciativa conjunta de instituciones financieras reunidas por invitación de la ONU.

Los estándares ASG expanden, pues, los estándares criterios sociales y ambientales (ESA) con el aspecto de la gobernanza (G). Las empresas los pueden usar para demostrar el valor de su servicio y hacer visibles sus esfuerzos de cumplir los estándares ASG frente a los “interesados” (stakeholders) principales, es decir, inversores y gobiernos/responsables políticos.

Los estándares ASG dan “la transparencia necesaria para los inversores” (El Economista). La clasificación ASG es un índice de sostenibilidad usado por la bolsa de Londres para clasificar a las empresas en función de su desempeño en los distintos ámbitos ASG (lucha contra el cambio climático, gobernanza, respeto por los derechos humanos, las medidas contra la corrupción, …)

Adicionalmente, se ha establecido una certificación de cumplimiento de los estándares ambientales como parte de los estándares AS, bajo el estándar oficial ISO 14001. Para lograr la certificación, las empresas pueden contratar una agencia especializada a través del International Accreditation Forum. El estándar ISO 14001, de “gestión medioambiental”, añade “credibilidad” al compromiso con los ODS asumido por una empresa. Los inversores incluso pueden anunciar el actuar con dureza contra las empresas que no cumplen este estándar para abordar la crisis climática; por ejemplo, el mayor gestor de activos del mundo, BlackRock, afirmó que votaría en contra de estas empresas en las juntas anuales de accionistas. (véase: Skillcast. What ISO 14001 is & How it Helps ESG, 18 de marzo de 2024)

 

Paso 11. Redefinir la sostenibilidad, De la “sostenibilidad ecológica, social y económica” a los “estándares ambientales, sociales y de gobernanza”

Los estándares ASG promovidos por la ONU no existirían en su forma actual sin los esfuerzos previos históricos de la misma ONU en el sentido de la ingeniería conceptual  mundial, con el punto central de la definición y redefinición del concepto de la sostenibilidad. Dentro de la lógica de la evolución y construcción del poder de los estándares mundiales de sostenibilidad, merece la pena hacer una retrospectiva histórica a la definición y adaptación de la sostenibilidad en este punto.

En los años 80 del siglo pasado la ONU hizo un esfuerzo considerable para redefinir la sostenibilidad, que antes era filosofía individual de la vida y/o expresión de responsabilidad comunal, en objetivo general. La Agenda 2030 ha sido el paso final para convertir la sostenibilidad en asunto y programa mundial.

Hay que recordar que parte del proceso fue la ampliación y diferenciación del concepto de la sostenibilidad en sostenibilidad ecológica, social y económica. En la metamorfosis conceptual, empezando con las redefiniciones de la ONU y terminando en los estándares ASG tal como están “definidos” por la ONU actualmente, la congruencia y coherencia lógica es la siguiente: sostenibilidad ecológica/ estándares ambientales, sostenibilidad social/ estándares sociales, sostenibilidad económica/ estándares de gobernanza.

La historia de transformaciones conceptuales y cambios de paradigma ha servido para preparar la agenda mundial de los ODS, pero también para aceptar una autoridad central que gestiona los estándares relacionados, que afectan a todo el mundo. Sin embargo, al establecer y “definir” los estándares, la misma autoridad mundial de la ONU también se permite una creciente arbitrariedad soberana de mezclar, diferenciar, combinar y denominarlos a su medida. Siguen algunos ejemplos:

• Es importante recordar el aspecto económico de la gobernanza (“sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”, de acuerdo con la definición de la RAE), que tiene como punto crítico la tarea de repartir las responsabilidades en cuestiones de inversión y financiación de servicios entre todos los “stakeholders” involucrados. El “sano equilibrio” teórico y establecido mediante definiciones, en la realidad y práctica se suele producir por presión de los “stakeholders” superiores al Estado considerando este último (también mediante teoría y definición) como limitado en sus recursos y capacidades. por lo cual también se puede hablar de un nodo híbrido de responsabilidades y de intereses públicos, privados y supranacionales, cuya borrosidad jurídico-política solo se puede superar mediante la definición de estándares, una vez más supranacionales, para el comportamiento de todos, y sobre todo de las autoridades públicas.
• Con la incorporación de los estándares de gobernanza (concepto favorito del Consenso de la Sostenibilidad y Salud) en los “ambientales y sociales”, se introduce una diferenciación borrosa entre el ámbito “social” y el ámbito de la gobernanza. Dentro de tal diferenciación, la gobernanza es asunto de pocos (de la política y del capital) y lo social no se define como objeto de la política social sino como conjunta de medidas basadas en estándares para el acceso a servicios de calidad. Los conceptos como “gobernanza participativa” o “gobernanza democrática” (con la involucración de la denominada “sociedad civil”) resultan ajenos a la realidad; de todas formas, el principio democrático es difícil de reconocer dentro de la conceptualización de los estándares ASG.
• La combinación de conceptos puede llegar a un nivel de mero juego de palabras; por ejemplo cuando el conjunto de los tipos de sostenibilidad se encuentra denominado como “gobernanza sostenible” en las páginas de los sitios web pertinentes; o cuando los conceptos de sostenibilidad y salud se combinan en una sola idea de “sostenibilidad y salud”; o cuando la clasificación máxima de un gobierno en políticas de salud recibe el nombre de “capacidad sostenible”.

En todos estos casos, el sentido original de sostenibilidad (consumo y gasto mínimo; no gastar más de lo que la naturaleza pueda dar) se ha difuminado por completo. Como resultado de una observación de estos desarrollos, se puede concluir que cada vez más los conceptos usados se convierten en frases huecas, en instrumentos retóricos que cada vez menos son portadores de sentido. Las palabras “ambiental” y “social” son bienvenidos para enmascarar los intereses económicos con mensajes de responsabilidad y conciencia, como se puede observar en el marco de los proyectos de desarrollo de la ONU (los proyectos del PNUD).

En los proyectos del PNUD, lo social del “estándar social” número 5, “Desplazamiento y reasentamiento” consiste en “compensar económicamente” a la población afectada por una “intervención medioambiental” – un estándar que se complementa con otro estándar, el de ISO 14008 , “Valoración monetaria de los impactos ambientales y aspectos ambientales relacionados”, que especifica las reglas de cuantificar la compensación económica de desplazamiento y reasentamiento.

**
Otro aspecto de la conversión y ampliación del concepto de “sostenibilidad social” en “estándares sociales” es que con ella se extrapola los intereses del capital a las zonas y poblaciones más indefensas y más explotables, en el nuevo espíritu de “capitalismo de stakeholders” tal como lo define el Foro Económico Mundial. De esta forma, los nuevos estándares AS son una excusa y camuflaje bienvenidos para el viejo capitalismo de estilo colonialista y paternalista. Frente a los “estándares sociales y ambientales” ampliamente definidos, declarados y justificados, la ONU no se preocupa por establecer estándares en torno a los excesos antisociales de acumulación de capital en manos de pocos – estándares que serían muy necesarios como otro tipo de estándares mundiales.

La teoría del capitalismo de stakeholders sugiere la inclusión democrática de todos en los procesos de decisión.

“Los procesos de consulta significativos, eficaces e informados en los programas y proyectos del PNUD buscan identificar las prioridades de los actores claves y les darán oportunidades para expresar sus opiniones en cualquier momento del proceso de toma de decisiones del programa y(o) proyecto respecto de asuntos que los afecten en forma directa”.

La experiencia enseña que, en cambio, en la práctica, los stakeholders de segunda y tercera clase, ya sean poblaciones indígenas o agricultores europeos, no son menos objetos de inversión que antes de la introducción de los ODS y estándares AS y ASG. Su dignidad se reduce a tener acceso a …; sus derechos naturales de cultivadores de la tierra siguen siendo calculables, monetizables y comprables – y justificables más que nunca con los estándares ISO, AS y ASG.

 

Paso 12. Informes estandarizados sobre el cumplimiento de los estándares ASG

Los estándares de Reporting ESG (informes ASG) sirven para que una empresa pueda medir, documentar y demostrar el impacto de sostenibilidad de sus actividades bajo los criterios ambiental, social y de buena gobernanza (ASG). La "informería" inflacionaria de los últimos años abarca iniciativas “privadas” de informes voluntarios, como el del WEF (véase abajo), y cientos de agencias privadas que emiten certificados A, S, G, AS o ASG. Estos estándares para informes también se denominan “estándares de sostenibilidad para empresas” (Union Europea, APlanet, https://aplanet.org/es/recursos/estandares-de-sostenibilidad-empresas/)

Estos informes de rendimiento y cumplimiento son interesantes sobre todo para la “inversión sostenible” (“inversión ESG”) de los grandes inversores (propietarios de activos, bancos, grandes empresas, fondos de cobertura, compañías de seguros, gestores de patrimonios). Los ”stakelholders” de segunda clase son las empresas, por su “interés” en demostrar lo bien que cumplen los estándares medioambientales, sociales y/o de gobernanza (cooperación con autoridades).

El “problema” para las agendas y autoridades mundiales es que

“todavía no tenemos un estándar o marco para los informes ASG [para empresas y organizaciones] que pueda ser usado en todo el mundo”.
(Corporate Governance Institute https://www.thecorporategovernanceinstitute.com/insights/guides/whats-the-difference-between-esg-reporting-standards-and-frameworks/)

La gestión estandarizada de datos de ASG depende de un formato uniforme para la recolección de datos. La organización que se encarga de informes universales de todas partes es la Global Reporting Iniciative (GRI) elabora “estándares universales” para reportar datos de sostenibilidad y salud en la Unión Europea, incluyendo el cumplimiento e incumplimiento de normas medioambientales y de salud y seguridad de “clientes”.

“Los estándares son muy importantes para muchas partes interesadas, como los inversores, los responsables políticos, los mercados de capitales y la sociedad civil. “

(GRI, https://www.globalreporting.org/standards/)

 

En este contexto, hay que mencionar la iniciativa Medición del Capitalismo de Stakeholders (Measuring Stakeholder Capitalism), del Foro Económico Mundial, cuyo objetivo es desarrollar métricas globales para medir los “valores sostenibles“ creados por las empresas en el sentido de proporcionar esta información a los stakeholders interesados en hacer una “inversión sostenible”. (WEF: Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation, https://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf).

La iniciativa de “Medición del Capitalismo de Stakeholders” del Foro Económico Mundial explica que:
“Afortunadamente, la medición, valoración y notificación del impacto ambiental están madurando rápidamente y cada vez son más las grandes empresas que las realizan de forma rutinaria y a gran escala. Los informes de impacto ambiental más avanzados utilizan estimaciones de monetización del impacto mediante información contextual pertinente. … Esto, a su vez, mejora la información útil para la toma de decisiones a disposición de directivos, inversores y otras partes interesadas.

Entre los avances recientes en este ámbito cabe citar la publicación del Natural Capital Protocol, que ofrece un marco normalizado para la identificación, medición y valoración de los impactos y dependencias del "capital natural”
https://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf

La iniciativa reúne estándares existentes como el generalmente reconocido estándar ISO 14008 (Valoración monetaria de los impactos ambientales y aspectos ambientales relacionados) y diversos estándares complementarios desarrollados por iniciativas de organizaciones globales privadas (CDP, CDSB, GRI, IIRC and SASB), y otros estándares globales para la medición y evaluación del impacto de inversiones ASG, como la Value Balancing Alliance.

Desde 2024/2025, la presentación de informes ASG es obligatoria para empresas grandes, por ejemplo a nivel nacional y/o europeo. Los gobiernos tienen un “interés” en ser parte de la gobernanza y poder informar a autoridades superiores lo bien que funciona el seguimiento de los ODS y ASG en su región o país.

No siempre es trasparente el destino de los datos de informes, ya sea para gobiernos nacionales o transnacionales o para agencias privadas, que posiblemente los hacen accesibles para alimentar las bases de datos/conocimiento de la Comisión Europea y de la ONU (con su Global Network on Evaluation y la UN Evaluation Group).

 

Paso 13. Consolidar la maquinaria estandarizadora mundial. ISO 53001. Estándares para la gestión de la Agenda 2030

A finales de 2023, la ISO (Organización Internacional de Estandarización) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un acuerdo de colaboración que incluye la elaboración de la primera norma internacional para unificar los criterios en documentación y certificación del trabajo de las organizaciones y las empresas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La ISO formula el objetivo de la futura norma ISO 53001 como

“la normalización y mejora de los estándares internacionales que fomentan acciones de sostenibilidad del sector público y del privado [es decir de la política y de las empresas] ”

ISO, Sistemas de gestión de la calidad, https://www.iso.org/es/gestion-calidad/que-es-sgc

Si el estándar 14001 ya consolidó la cercanía entre los objetivos de los estándares de la Organización Internacional de Estandarización y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, el estándar ISO 53001 establece requisitos adicionales para un sistema de gestión de los ODS de la ONU.

El instrumental de estándares gestionado por la ISO supone que estos no solo han sido elaborados por expertos y científicos, sino que además son normas aceptadas internacionalmente (por autodenominarse “internacionales”). La cooperación de la Organización Internacional de Estandarización con la ONU significa una simbiosis de autoridad que dificulta cualquier cuestionamiento de las tendencias de centralización y estandarización, y que hace que las tendencias de normalización de la sostenibilidad (que no solo incluye aspectos ambientales sino sociales en un amplio sentido) parezca lo más “normal” del mundo.

 

Paso 14: Burocratizar la gobernanza mundial entre estándares mundiales y derecho nacional. El derecho administrativo global

El estado no definido entre los estándares mundiales existentes y emergentes por un lado, y por otro el derecho dentro del ámbito jurídico-político de las naciones, es un tema cada vez más presente y preocupante. La ONU, diseñadora de sus propios estándares de desarrollo, promotora principal de estándares mundiales ASG, y cooperadora con la Organización Internacional de Estandarización, también tiene su propia respuesta a esta situación pendiente de aclaración: ver la situación híbrida bajo la perspectiva de la idea de un “derecho administrativo global”.

El Institute for International Law and Justice de la New York University School of Law, institución cooperadora de la ONU en cuestiones de políticas (Institute for International Law and Justice, https://www.iilj.org/about_us/), mantiene un amplio programa de seminarios y cursos sobre la gobernanza mundial visto desde el derecho, y es referente de estudios sobre lo que llama “derecho administrativo global”, entre otras con la publicación “Hacia el Derecho Administativo Global“ del año 2016 (https://www.iilj.org/publications/hacia-el-derecho-administative-global/).

“El derecho administrativo global (global administrative law, GAL [o "derecho administrativo de la gobernanza global"] ) es un campo emergente de investigación y práctica jurídica, basado en dos ideas centrales: primero, que mucho de lo que generalmente se describe como gobernanza global puede ser caracterizado adecuadamente como procedimientos administrativos; y, segundo, que crecientemente ese campo de acción está siendo regulado por principios, reglas y mecanismos asociados al derecho administrativo - en particular, participación, transparencia, accountability (Rendición de cuentas), y revisión. GAL, entonces, se refiere a las estructuras, procedimientos y estándares normativos para los procesos regulatorios de toma de decisiones, incluyendo transparencia, participación y revisión, y los mecanismos regidos por reglas para implementar esos estándares, que son aplicables a (i) organismos formales intergubernamentales,(ii) redes informales regulatorias intergubernamentales; (iii) decisiones regulatorias de gobiernos nacionales que sean parte o que se encuentren limitadas por un régimen internacional intergubernamental; y (iv) a regímenes híbridos público-privados u órganos privados transnacionales regulatorios. “
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo_global

 

El lego en cuestiones de derecho echa de menos algo más que una descripción de la situación existente; es decir, una ley que defina principios de derechos, obligaciones y limitaciones de poder, y que no [“global administrative law”] declare derecho las convenciones y estándares que se han establecido con el tiempo a través de instituciones mundiales pero no de entidades jurídicas. Dando una denominación técnica a una situación problemática, esta se consolida, no se resuelve. Con lo cual, siguen confirmados y sin cuestionar los “estándares normativos para los procesos regulatorios de toma de decisiones” (es decir estándares de gobernanza); se ratifica la condición de “regímenes híbridos público-privados” [a compra de servicios públicos de proveedores privados), y se reconoce las prácticas de “órganos privados transnacionales regulatorios”[‘agencias que certifican empresas y evalúan su rendimiento con respecto a los estándares AS/ASG].

En total, la declaración del “derecho administrativo global” hace que los estándares de gobernanza, como parte de los estándares AS/ASG como estándares de facto, hayan sido elevados a estándares de iure (estándares formales y legales acordados por algún organismo internacional de estandarización autorizado). De esta forma, la conciencia general pública se está acostumbrando a aceptar la definición oficial de gobernanza sin cuestionar el tema de la relación entre derecho y estándar, un tema que afecta a toda la sociedad. Una definición oficial de la “gobernanza mundial” es que:

“si los agentes que intervienen en una cuestión hacen suficientes contribuciones, la decisión consensuada final adquiere más legitimidad y puede aplicarse con mayor eficacia que una respuesta tradicional basada en el Estado.“
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanza_mundial

En la práctica, esto se puede traducir a escenarios en los que varios proyectos de desarrollo en un varios países del tercer mundo, donde los representantes de los “agentes” políticos y los “agentes” económico-financieros han realizado la práctica consensuada de la compra estratégica”, tal consenso se puede evaluar como aplicación exitosa de estándares de financiación (como parte de los estándares de gobernanza), válido para otros proyectos o condiciones comparables. Esta aplicación lleva el título técnico de “transferencia de beneficios”; los “órganos privados transnacionales regulatorios” se encargarán de inducir las políticas que se orientan en tales resultados, bajo el título de “evidence-based policy” (véase por ejemplo la “evidencia” generada por las experiencias con el public-private partnership en Tanzania y Zimbabue: How do countries regulate the health sector, Evidence from Tanzania y Zimbabwe, Oxford University Press 2000). Todo como parte esencial del mundo del “derecho administrativo global”, que se ha independizado de las reglas tradicionales nacionales del ámbito jurídico-político.

La construcción del concepto de “derecho administrativo global” sugiere un nivel de ejecución técnica administrativa, de convenciones necesarias para el funcionamiento de asuntos complejos del multi-stakeholderismo.

El gesto de “definir” un “derecho administrativo global“ como aspecto técnico de la gobernanza mundial (“procedimientos y estándares normativos para los procesos regulatorios de toma de decisiones”) es el de rendirse frente a la relación hibrida entre estándares mundiales y legislaciones nacionales como frente a un realidad mundial irreversible. Sin embargo se trata de una realidad construida por las mismas fuerzas que ahora se pronuncian a favor de aceptarla como si de un fenómeno natural ajeno se tratase. Por ejemplo a la hora de introducir las reglas del comercio mundial de productos y servicios, la OMC no hizo esfuerzo alguno para convencer a los diseñadores del derecho mercantil mundial a poner límites legales a los intereses económicos. Como consecuencia, hoy se constata que las reglas del comercio mundial de productos y servicios son tan complejos que no pueden ser abarcadas por la legislación nacional, justificando sistemas transnacionales de estandarización y regulación que se han emancipado del contexto original legal y democrático.

 

Paso 15: Privatizar la gestión de estándares mundiales y desautorizar al estado

Si la filosofía de los tratados libres de comercio fue y sigue siendo que el estado nunca puede hacer lo suficiente para crear las condiciones legales propicias para el comercio y negocio, además de declarar el estado incapaz de tener una función decisiva en el nuevo orden mundial de la globalización, hoy se vuelve a usar la misma filosofía, bajo nuevos conceptos más “populares” y altisonantes, como el “derecho administrativo global”.

La “rendición de cuentas” entre los múltiples stakeholders involucrados en un proyecto o programa es un elemento clave y uno de los estándares de la “buena gobernanza”. En realidad, la proclamación de la “rendición de cuentas” solo se refiere a la política que tiene que rendir cuentas a los stakeholders de primera clase, no al pueblo. En la realidad, el ideal de la responsabilidad como elemento de la gobernanza mundial, no se ve correspondido en ninguna parte; al contrario, la responsabilidad compartida de los stakeholders se difumina en nada. Prueba de ello es el caso de la pandemia de Covid-19, que era una oportunidad sin igual para poner en práctica la “rendición de cuentas” como estándar de la gobernanza mundial; por ejemplo la compra desmesurada de supuestas vacunas sin las debidas pruebas científicas antes de ser usadas en seres humanos de parte de los estados, inducida y propiciada por la OMS, la gestión de la crisis (supuestamente dentro de los procedimientos y normas del “derecho administrativo global“), las medidas no justificadas, no repercutieron en explicaciones, disculpas, revisión, reacondicionamiento, y muestras de asumir responsabilidad, luego de los evidentes efectos secundarios.

De hecho, los estados nación y los políticos, como meros ejecutores de agendas de instituciones supranacionales, cada vez menos tienen que preocuparse por asumir responsabilidad o rendir cuentas. Es más, la estrategia de privatizar la regulación de servicios públicos mediante agencias privadas de asesoría, certificación y evaluación significa desautorizar al estado y pasar gran parte de la responsabilidad de gobernanza a actores privados, expertos en estándares mundiales.

El nuevo concepto creado por el consenso de gobernanza mundial, el “Public-Private Partnership”, es la circumscripión halagüeña y vulgarizada de lo que es un elemento clave de la privatización del ámbito jurídico-político. Detrás de la imagen social y democrática están los fuertes intereses políticos de los que promueven el Public-Private Partnership, entre ellos los de USAID y del US State department y su Office of Global Partnerships. ("Public-Private Partnerships in Foreign Aid: Leveraging U.S. Assistance for Greater Impact and Sustainability | United States Senate Committee on Foreign Relations") y los intereses del Banco Mundial (Banco Mundial, How Can Public-Private Partnerships (PPPs) be Successful?, https://www.worldbank.org/en/region/mena/brief/how-can-public-private-partnerships-ppps-be-successful).

La OECD, como gestora mundial de estándares, indicadores y estadísticas, promociona el public-private partnership y los “principios” de gobernanza que reúnen los “socios” públicos y privados. En publicaciones como “OECD Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships”, insiste en la importancia de una clara estructuración de “mandatos” y “responsabilidades” entre “unidades de Public-Private Partnerships, la Autoridad Presupuestaria Central, la Entidad Fiscalizadora Superior y los reguladores de sectores”,
https://www.oecd.org/gov/budgeting/oecd-principles-for-public-governance-of-public-private-partnerships.htm

donde los reguladores pueden ser empresas y agencias privadas independientes.

La OCDE también describe los detalles del papel de los “reguladores” en diversos documentos, entre ellos “The 2018 Indicators on the Governance of Sector Regulators” (Indicadores de 2018 para la gobernanza de los reguladores de sectores).

Oficialmente, dentro de su filosofía de libertad absoluta en el comercio internacional, de libre movimiento en el mercado mundial de servicios y productos, y de la actividad libre de agencias de certificación internacionales dentro de los sistemas nacionales, la OCDE propugna una absoluta independencia de las agencias reguladoras, o “órganos privados transnacionales regulatorios”, que asesoran a políticos y empresas en la gobernanza y financiación de servicios. Los reguladores “económicos” (no oficiales) tienen que actuar  “sin influencias indebidas tanto del poder político como de los sectores regulados”, para realizar su función de "organismos de primera línea que trabajan en el sector público, encargados de fomentar la competencia, fijar precios y hacer cumplir reglamentos y normas".
(Ibídem, “OECD Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships)

Se trata de agencias privadas, fundaciones, ONG, que como enseña la historia de la liberalización de los “servicios educativos”, aparecen de la nada, propuestas y acreditadas por alguna organización superior política o multinacional, como por ejemplo de algún organismo de la Comisión Europea o de la ONU.

Un resumen de la función de estas agencias, como “grupos informales de funcionarios”, se encuentra en Wikipedia:
“Cada vez más, estas consecuencias no pueden ser adecuadamente afrontadas a través de medidas nacionales regulatorias y administrativas aisladas. Como resultado de ello, se han establecido diversos sistemas transnacionales de regulación o de cooperación regulatoria a través de tratados internacionales y de redes intergubernamentales de cooperación más informales, desplazando muchas decisiones regulatorias del nivel nacional al nivel global. Además, muchos de los detalles y de la implementación de dicha regulación se encuentran determinados por órganos administrativos transnacionales –incluyendo organizaciones internacionales y grupos informales de funcionarios- que desarrollan funciones administrativas pero que no están sujetos directamente al control de los gobiernos nacionales o a los sistemas legales domésticos o, en el caso de los regímenes basados en tratados, a los Estados parte del tratado. Estas decisiones regulatorias pueden llegar a ser implementadas directamente por el sistema global a actores privados ...”
Wikipedia, Derecho administrativo global, https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo_global

Elementos constitutivos del “derecho administrativo global”, estas asesorías de gobernanza están legitimadas por las normas y estándares que representan, son una especie de veladores del cumplimiento de los estándares mundiales, de acuerdo con otro principio de la misma OCDE: el estándar de “coherencia, según el que los reglamentos y estándares usados tienen que ser “compatibles” con las normas y estándares internacionales pertinentes.

Bajo las condiciones marco del “derecho administrativo global” para la actividad libre de las agencias (transnacionales), el papel de los gobiernos se reduce a aportar sus decisiones sobre el grado de implicancia para la financiación de los servicios (ajustando los presupuestos, subiendo impuestos para financiar el sistema sanitario público-privado, etc.); la responsabilidad política se reduce a declarar en qué medida se ha cumplido las normas y estándares de gobernanza mundiales.

Dichas agencias operan, pues, con amplias libertades de acción asesora política. La supuesta necesidad de su independencia se justifica argumentando que el hecho de que el poder político delegue actividades en tales agencias señala a los inversores y a los “agentes del mercado” el compromiso con los objetivos a largo plazo, sin parcialidad por un partido político y sin “intereses sectoriales”. (The 2018 Indicators on the Governance of Sector Regulators, página 6).

Si surge la pregunta por una entidad que controle los reguladores independientes, la respuesta es el Foro Internacional de Acreditación (International Accreditation Forum) que define su función como “la evaluación independiente de los organismos de evaluación de la conformidad con los estándares reconocidos para garantizar su imparcialidad y competencia.“ Los Organismos de Certificación que certifican organismos que realizan servicios de auditoría y certificación se rigen por el estándar ISO 17021. Este último es uno de los estándares internacionales que aportan valor al “derecho administrativo global” y un ejemplo de cómo los nuevos estándares internacionales están socavando los sistemas jurídico-políticos nacionales.

El estándar ISO 17021 es un ejemplo de cómo los estándares internacionales no solo funcionan a nivel económico-industrial sino cada vez más a meta-nivel, en el que se trata a supervisar y monitorear las agencias y los agentes de certificación y acreditación de estándares que también ofrecen servicios de aplicarlos. La Organización Internacional de Estándares mantiene una comisión responsable de desarrollar este tipo de estándares: el “ISO Committee for Conformity Assessment” (CASCO). Una de las tareas principales de CASCO es desarrollar estándares internacionales que prevalezcan sobre leyes nacionales o las leyes comerciales de la OMC; por ejemplo, el los estándares internacionales de “conformidad” pretenden reducir el coste del comercio internacional permitiendo a proveedores externos de productos y servicios comprobar la conformidad de sus productos con las normas internacionales, sin necesidad de respetar las normas del país destinatario.
Degradación gradual del concepto de derecho, en estrecha conexión con las publicaciones y organizaciones de la ONU

• Declaración Universal de Derechos Humanos,
• en la que se basan las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
• en las que se fundamentan las meta-normas SA8000 y otros estándares ISO
• desarrolladas por SAAS para la acreditación de organismos y agencias de certificación en el contexto de los estándares sociales SA8000, entre otros.

En el camino, los aspectos del derecho, en su esencia de defender los derechos humanos y proteger la dignidad humana, se han difuminado y reducido al aspecto técnico-administrativo. Por ejemplo, los mencionados estándares SAAS (estándares para servicios SAAS == software as a service == software como servicio == servicios a través de la “nube”); si dichos estándares se refieren a servicios SAAS de asistencia sanitaria, el valor de la atención sanitaria se reduce al cumplimiento de normas, fáciles de medir con las métricas estandarizadas, necesarias para tal evaluación.

 

**
Las agencias reguladoras de actúan como intérpretes y policías de la buena gobernanza mundial, poniendo en práctica la filosofía de la gobernanza unificada, y transmitiendo a los responsables y stakeholders políticos

• que son incapaces de llevar a cabo la política correcta y que es necesario que su política sea avaluada y orientada por entidades mundiales superiores;
• que sus esfuerzos de financiación y presupuesto siempre son mejorables;
• que es imposible que entiendan todas las exigencias y estándares mundiales de sostenibilidad pero que tampoco es necesario porque para ello existen las asesorías independientes;
• que si no todos los gobiernos cumplen con los estándares mundiales de la buena gobernanza, los ODS son imposibles de alcanzar.
• que el derecho administrativo global es el derecho superior al derecho nacional, igual que cualquier política es susceptible a la evaluación mundial.

La necesidad de propiciar la benevolencia de los inversores por cumplir los estándares AS/ASG (tanto de parte de las empresas como de parte de la política) genera también la figura del regulador privado, que es velador y garante de la aplicación de los estándares de parte de ambos lados. Su función es tan híbrida como lo es la relación entre los estándares mundiales y la legislación nacional, es una figura real/fantasma que ha sido construida y sigue en construcción con el objetivo de que se convierta en tarea convencional mundialmente reconocida, al igual que el mismo derecho administrativo global ha sido ideado y construido y sigue siendo desarrollado y construido, con la intención de que se convierta en derecho mundial cada vez más reconocido a pesar de carecer de legitimación democrática.

 

Paso 16. Dirigir las políticas y legislaciones con el evidence-based policy analysis, basado en datos estandarizados

El término de “evidence-based policy” es otro término que tiene su origen en el seno del consenso mundial de la gobernanza sostenible. El “evidence-based policy analysis” significa análisis de condiciones para crear una evidencia científica y segura para las decisiones políticas.
Las organizaciones World tienen un gran interés y empeño en dar todo tipo de consejos, recomendaciones y orientaciones “desinteresadas” para influir en las decisiones políticas. El instrumento instituido para este fin es la “evidence-based policy analysis”.

• La OMS describe su tarea como, entre otras cosas,
“establecer normas y estándares formulando opciones para la política basada en la evidencia”
OMS, UN Evaluation Group, https://www.unevaluation.org/about/memberagencies/detail/39

• La OCDE habla de sus servicios de
“apoyo de una política basada en la evidencia de estadísticas fiables”
https://www.oecd.org/en/data/insights.html

y el Comité de Política Reglamentaria (Regulatory Policy Committee) de la OCDE

“promueve resultados estratégicos basados en la evidencia en materia de políticas públicas innovadores, mediante la identificación, el desarrollo y la difusión de una visión global para una política y gobernanza reglamentarias; apoya los esfuerzos a lo largo de cuestiones de gobierno y gobernanza y ramas relacionadas, en estrecha cooperación con sus socios y organizaciones internacionales cuando proceda, para diseñar y ofrecer, en colaboración con los interesados: marcos reglamentarios eficaces, eficientes, resilientes y equitativos; refuerce la gobernanza pública mediante una política reguladora que dé lugar a leyes, reglamentos, normas y autorregulaciones de alta calidad y adecuados a su finalidad, que garanticen la transparencia, la legitimidad, la rendición de cuentas y el respeto del Estado de Derecho. En el mundo pospandémico , defiende y apoya el desarrollo de una política reguladora ágil que permita a los gobiernos responder a un entorno cambiante con sistemas reguladores más flexibles y resistentes a futuras perturbaciones.”

OCDE, Directorate for Public Governance, https://www.oecd.org/en/about/directorates/directorate-for-public-governance.html

La aquí mencionada flexibilidad y agilidad en temas de legislación significa en realidad la posibilidad de moldear el comportamiento de los políticos responsables y de gobiernos en el poder.

• El Evidence-based Health Policy Center, de Indonesia, igual que otras ONG o agencias privadas o semiprivadas en diferentes partes del mundo, sostiene que
“la evidencia y los datos deberían encontrarse entre los pilares centrales para la formulación de la política sanitaria”.
https://imeri.fk.ui.ac.id/evidence-based-health-policy-center/

• La mencionada iniciativa “Sustainable Stock Exchange” de la ONU reúne stakeholders de alto nivel para hacer un análisis de datos y casos de uso de los estándares ASG para optimizar las estrategias y políticas, basadas en la evidencia.

El análisis y la “evidencia” para la evidence-based policy se construye con los datos anteriormente reunidos y acumulados en las gigantescas y aparatosas bases de conocimiento de la OCDE, la ONU, OMS y otras OM: cantidades inmensas de datos sobre proyectos y políticas realizadas a lo largo de todo el mundo en las últimas décadas – un El Dorado para los expertos de evaluar, comparar, medir, generar benchmarks, estadísticas e informes. De esta forma se generan resultados y conclusiones listos para ser entregados en las políticas de gobiernos en todo el mundo. La argumentación de las organizaciones World es que los gobiernos dependen de datos mundiales y su análisis e interpretación, alegando que sin ellos no pueden estar preparados para las necesidades actuales, pero sobre todo para las “futuras perturbaciones” (véase la cita anterior).

Las alianzas que existen dentro del consenso mundial de la sostenibilidad comparten los objetivos estratégicos, pero también los recursos tecnológicos como bases de datos y bases de conocimiento así como la evaluación e interpretación de los datos mediante la Inteligencia Artificial, formando de esta manera estructuras de poder y un complejo de hegemonía tecnocrática.

Gran parte de los métodos y sistemáticas de evaluación consiste en procesar y analizar el comportamiento de gobiernos frente a los diferentes tipos de estándares ASG, es decir, en evaluar en qué medida han respetado los estándares ASG y ODS y en qué condiciones, momentos y proyectos anteriores los estándares fueron aplicados con éxito – en términos de la rentabilidad de la inversión y del comportamiento político favorable para ella.

La “evidencia” obtenida mediante la evaluación e interpretación central de datos mundiales ejerce un efecto determinante sobre la “gobernanza pública” que, como afirma el Directorate for Public Governance, de la OCDE en la cita anterior, debe traducirse en “leyes, reglamentos, normas y autorregulaciones”, es decir, ejerce presión político-moral y presión jurídico-moral decisivos sobre los criterios de legislación nacional.

El uso principal de la evidence-based policy analysis es, pues, realizar todo tipo de comparaciones y benchmarks para evaluar quién cumple los estándares sociales y medioambientales y quién no lo hace. Finalmente, los datos se usan para comparar proyectos realizados con proyectos planificados para calcular la probable rentabilidad de la nueva inversión; este método, denominado “transferencia de beneficios“ significa una mayor seguridad para inversores en proyectos.

Un aspecto para la realización técnica de la cooperación (de los stakeholders políticos y económico y financieros) es un lenguaje común y objetivo compartido. Para ello sirven los estándares para los informes de gobiernos entregados a la ONU, la OCDE, el Banco Mundial y otros (véase arriba, capítulo “Paso 12. Informes sobre el cumplimiento de los estándares ASG”; véase también la tercera parte de esta serie de artículos), y el estándar unificador para los informes tal como lo propone el Foro Económico Mundial. Esta tarea es la de la “Global Network on Evaluation” que sigue los estándares de evaluación de la United Nations Evaluation Group (UNEG) – dos órganos de la ONU formados, como habrá esperado el lector, con el objetivo de “generar evidencia en torno a los resultados y la eficacia de la Agenda 2030 y otros proyectos de la ONU” (ONU, UNEG, https://www.unevaluation.org).

El término “evidencia”, tomado de la ciencia natural, da la impresión de métodos “rigurosos” de observación atenta. En realidad, sin embargo, gestionar los datos de las bases de conocimiento universales no significa tener conocimiento en el sentido de una filosofía del conocimiento o de un método epistemológico. Los resultados del “evidence-based policy analysis” son el producto de un análisis realizado con los algoritmos de la Inteligencia Artificial, que (a pesar de su “inteligencia”) depende de datos, anteriormente reunidos y almacenados en un formato estandarizado, es decir, en categorías predefinidas.

La función general de todo tipo de estándares predefinidas y redefinidos por las OM es que sirven para una evaluación rápida y eficaz de parte de las mismas OM. El algoritmo que detecta un número crítico de casos de aplicación exitosa, como por ejemplo del estándar de la “compra estratégica”, puede ser determinante para la “transferencia de beneficios” y las decisiones políticas en otros países.

El método de “generar evidencia” en el sentido de las organizaciones World (y sus agencias públicas y privadas) ejerce presión sobre los gobiernos para una política unificada, justificada mediante la elaboración de datos presentados como si fuesen el resultado objetivo de una verdadera investigación científica o de experiencias personales adquiridas a lo largo de la vida. Gestionar los datos de las bases de conocimiento universales no significa generar conocimiento y evidencia. El verdadero conocimiento existe en las personas que modestamente siguen realizando su trabajo serio y profesional, cada una en su sitio. Sin embargo, la “ciencia” de evaluar datos “socio-ambientales”, “sociales” y de buena gobernanza con respecto a ellos mediante algoritmos altamente inteligentes hace prescindibles una política soberana y un ser humano individual autónomo. Ambos quedan reducidos a un elemento de comportamiento predecible y calculable dentro de un sistema estandarizado.

Un ejemplo: OMS: Evidencia para la compra estratégica

Para entender la envergadura de la simbiosis híbrida entre los estándares de gobernanza y la “evidencia” usada para conducir las políticas y legislaciones nacionales en la dirección deseada usando el instrumento del evidence-based policy analysis, es importante conocer ejemplos como el siguiente: el documento de la OMS del año 2023, “Reimaginar la gobernanza para la compra estratégica. Evidencia de 10 países en Europa Oriental y Asia Central” (Reimagining governance for strategic purchasing: evidence from 10 countries in eastern Europe and central Asia, https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/368501/9789289060127-eng.pdf)

En su estudio sobre los avances en la “buena gobernanza” para la compra de servicios sanitarios de proveedores privados, la OMS insiste en la importancia de superar las “barreras para el progreso de la compra estratégica “(página xii), en “la evidencia sobre la relevancia y eficiencia de los estándares para la buena gobernanza en los países evaluados con respecto a la práctica de la compra estratégica, en la dimensión fundamental de la “protección financiera” del rendimiento de los sistemas sanitarios mediante la compra estratégica, y en la importancia de entidades mediadores, como la OMS, para alcanzar un consenso entre todos para el “bien común” de todos (ibídem, Reimagining governance for strategic purchasing, Abstract)

En el mencionado documento, la OMS halla que
“las particularidades de contexto y capacidad institucionales de los países han influido mucho en el desarrollo de las agencias de compras de servicios sanitarios financiadas con fondos públicos y en la viabilidad de la aplicación de los modelos de buenas prácticas en materia de gobernanza y compras estratégicas que recomiendan los organismos internacionales, [es decir, la misma OMS, la ONU/PNUD, el Banco Mundial, la OCDE, etc.]”
(Ibídem, Reimagining governance for strategic purchasing)

Para señalar la posibilidad y necesidad de superar las “particularidades institucionales de los países”, la OMS insiste en las grandes ventajas de la compra estratégica, con la condición de que los gobiernos que todavía priorizan el viejo sistema financiero sanitario centralizado tan solo acepten la regla de dar independencia a los responsables de la compra de servicios sanitarios [adicionalmente a la independencia de los proveedores privados de servicios sanitarios, médicos y farmacéuticos], teniendo en cuenta sus altas capacidades especializadas y su obligación de rendir cuentas.
(OMS, The functions and governance of purchasing agencies: issues and options for Georgia, Abstract, https://who-sandbox.squiz.cloud/__data/assets/pdf_file/0006/339747/WHO-004-The-functions-and-governance-Georgia-SCREEN.pdf)

La presión psicológico-política usada consiste en la técnica persuasiva de caracterizar el estándar de buena gobernanza como método que al final es imprescindible para un sistema sanitario y las agencias/autoridades responsables de la compra de servicios sanitarios, médicos y farmacéuticos privados. Sin embargo, el mejor instrumento psicológico para lograr el efecto deseado es la combinación de los conceptos de estándar y evidencia objetiva, que por su sola naturaleza infunden respeto y presión moral.

Para más ejemplos del método World de construir evidencia y estándares de facto en países selectos para luego declararles estándares internacionales a los que falta poco para ser válidos para todos los países, véase la cuarta parte de esta serie de artículos, capítulos “La tarea de la OMS: Producir ”normas y estándares” para “políticas basadas en la evidencia” y “Medicina basada en la evidencia. La ciencia como nueva religión”, y la tercera parte de esta serie de artículos, capítulo “La compra estratégica como estándar en el mercado de servicios sanitarios”.

Paso 17: El “evidence support system“. Redefinir la evidencia y hacerse poseedor de ella

De acuerdo con la fuerte presencia del concepto de moda, “gobernanza”, el consenso World de la salud y sostenibilidad también usa el concepto de “política basada en la evidencia” sinónimamente con el de “gobernanza basada en la evidencia”, como por ejemplo en el paper de la Comisión Europea “Cross sectoral evidence based governance for One Health in the EU” (Gobernanza multisectorial basada en la evidencia con respecto a One Health en la Unión Europea). En este documento, la Comisión Europea afirma en el espíritu de OMS que el análisis para la gobernanza basada en la evidencia científica y el conocimiento todavía tiene que ser profundizada para entender el alcance holístico de One Health y aplicarlo al ámbito de la política sanitaria (ibídem, página 2)

Es sorprendente ver que la pregunta para la Comisión Europea no es la de cómo definir y conseguir la evidencia científica necesaria para una moderna política sanitaria europea, sino cómo se aprovecha la supuesta evidencia científica de One Health, interpretada como superior, única y lista para ser usada.

Aparte de la supuesta preponderancia de One Health sobre las políticas sanitarias nacionales, que ahora tienen que subordinar sus enfoques, programas y políticas a la “una sola evidencia” de One Health, todavía vale el esfuerzo investigar qué exactamente quiere decir la palabra “evidencia” dentro del concepto de la “política basada en la evidencia” – una tarea que se puede llevar a cabo mediante el documento de la OMS, “WHO guide for evidence-informed decision-making” (Guía de la OMS para la toma de decisiones basada en la evidencia) (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/350994/9789240039872-eng.pdf)

El resultado de esta investigación es que, una vez más, no se trata de una honesta búsqueda de criterios de evidencia en el sentido epistemológico o en el sentido tradicional de la investigación científica. En el mismo documento, la OMS explica que la evidencia que será la base de decisiones políticas no se refiere a los métodos rigurosos y sistemáticos de la investigación científica, (WHO guide for evidence-informed decision-making, página 6) sino a una cosa que se llama “evidence support system” (ibídem, página ix) y que se define como “todo tipo de actividades que [tan solo] aprovechan y sacan partido de la evidencia lograda mediante la investigación científica, con el objetivo de promover con ella la toma de decisiones de parte de gobiernos.” (ibídem, página ix)

Aparte de la función de ser mediadora de evidencia, la OMS también asume la función de incluir concesiones técnicas en el proceso, como son “otros factores“ que relativizan la evidencia deseada (“la opinión pública, … viabilidad de implementación, asequibilidad, .. aceptabilidad de parte de los stakeholders (ibídem, página ix). Es decir, el alto valor de la evidencia queda en nada porque las decisiones que se basan en él pueden ser más o menos viables o coherentes con ella, y lo pueden ser porque en realidad no se basan en la evidencia sino en el “evidence support system”. La “evidencia” resulta ser otra quimera de las OM, una idea que puede infundir respeto (como su autora, la OMS) pero no tiene realidad sustancial, igual que otros de los conceptos de la ingeniería lingüística World.

Paso 18: Agilizar y acelerar la evidencia científica y la política basada en la evidencia

Es necesario e instructivo ver la metodología de agilización y aceleración de los procesos de toma de decisiones políticas en el contexto de otros escenarios que pertenecen al escenario World, visibles para todo el mundo, pero fragmentados a lo largo de la web y por eso difíciles de entender en su interrelación:

• Los escenarios de problemas, emergencias, amenazas, catástrofes y pandemias dibujados diariamente y a lo largo de las comunicaciones de las organizaciones World. (One Health, Agenda 2030, etc.) -- emergencias experimentadas o pronosticadas que exigen respuestas políticas inmediatas.
• Los intentos de acelerar y simplificar los trámites administrativos para inversiones extranjeras mediante la legislación nacional en correspondencia con la definición “Marco de Inversión Extranjera Directa” de la OCDE para, por ejemplo, una acreditación agilizada de productos y servicios de asistencia sanitaria de proveedores privados extranjeros.
• La pronta toma de decisiones políticas (sanitarias) asistidas por la evidencia generada mediante la Inteligencia Artificial. Una de las tecnologías que “está revolucionando los sistemas sanitarios“ en este sentido es la del “gemelo digital”, que simula posibles escenarios futuros (de emergencia) “para analizar y pronosticar futuros estados del sistema real, optimizando el sistema y acelerando la toma de decisiones (Nature, https://www.nature.com/articles/s41746-024-01073-0))
• El ideal general de cualquier procesamiento digital desde la apariencia de la informática: procesar los datos en tiempo real con el objetivo de monitoreo, y de pronta reacción y acción.

El conjunto de los factores mencionados facilita políticas de reacción y reflejo instantáneos. Las técnicas de ingeniería de nuevos conceptos y nuevos estándares político-sociales (véase arriba, Ingeniería de nuevos conceptos y estándares. Gobernanza y evidence-based policy) hacen que no quede el espacio necesario para desarrollar otro tipo de concepto y pensamiento. Con la posibilidad de generar evidencia instantánea mediante el método del “evidence support system”, tampoco queda el tiempo necesario para reflexionar sobre otras soluciones que posiblemente existen independientemente del “evidence support system” diseñado por los que lo aplican, es decir, independientemente de las restricciones que tiene, como la mencionada “aceptabilidad de parte de los stakeholders”.

Los métodos de proporcionar una evidencia optimizada y más eficaz para la toma de decisiones de política sanitaria tienen un alto precio en un doble sentido.

• La erradicación del tiempo necesario para llegar a una evidencia científica constituye un proceso anticientífico; el antiguo principio de que la ciencia vive del debate está pasando al olvido;
• La erradicación del tiempo necesario para llegar a un consenso político constituye un proceso antidemocrático; se pasa por alto el principio del debate democrático antes de tomar decisiones.

En su guía “WHO guide for evidence-informed decision-making”, la OMS habla de la importancia de que los gobiernos tengan acceso a fuentes de evidencia de calidad en casos de emergencia y pandemia. No habla de los procesos simplificados y acelerados para la autorización de medicamentos y vacunas de parte de las autoridades sanitarias; quien habla de este tema de una forma menos discreta y diplomática, es el socio estratégico de la OMS, el Foro Económico Mundial.

De todas formas, la conclusión esencial con respecto a los esfuerzos de las organizaciones World de generar evidencia para las decisiones (¿autónomas?) de los gobiernos, es que el uso de los conceptos “evidencia” y “basado en la evidencia” es engañoso en el sentido de que no se refiere al compromiso con la verdad científica sino tan solo a la importancia y necesidad de informar de forma constante al mundo político sobre la evidencia existente (o construida) – una sola evidencia comunicada desde un solo centro mundial. En este sentido la evidencia (y más aún la evidencia generada con métodos rápidos) es contraproducente y anticientífica.

El concepto de la “evidencia” es un concepto más del universo paralelo de conceptos fantasma, que no tienen realidad sustancial y mantienen su apariencia tan solo por ser sostenidos por la fe en ellos. El destino de la “evidencia”, la gobernanza (basada en la evidencia), es un concepto igualmente engañoso. Es ilusorio e irreal mantener la definición de la gobernanza como intercambio igualitario entre todos los stakeholders frente a la realidad real visible para todos, de que los únicos stakeholders son los tomadores de decisiones políticas, los actores World que proporcionan la evidencia para ello y los conocidos intereses financieros. En este sentido la gobernanza (y más aún la gobernanza de pocos actores selectos) es antidemocrática.

Paso 19: Optimizar y acelerar la evaluación de gobiernos y la evidence-based policy analysis con la Inteligencia Artificial

Igual que la idea original de estándares de educación fue declarada como fundamentada en la preocupación por la calidad de la educación, o por la “educación de calidad”, cuando en realidad se trataba de poder evaluar el rendimiento del aprendizaje y la enseñanza, los nuevos estándares de gobernanza tienen exactamente el mismo objetivo.

Un elemento nuevo es el de la “evidencia”, con la idea de que exista una sola “evidencia” que se puede mantener a lo largo del tiempo (ONU, Construcción de capacidades, https://www.un.org/en/academic-impact/capacity-building). El descubrimiento de la “evidencia” como otro elemente más capaz de sostener y ampliar la autoridad de las OM, ha hecho que la sociedad moderna disfrute de una “evidence-based education policy” (políticas educativas basadas en la evidencia), defendida por los suborganismos de la ONU, la UNICEF y la UNESCO (véase por ejemplo: https://resources.norrag.org/storage/documents/nqvqcvRU7rlA4hf1KvTI9WKwTVYD2HnhoSa57QsX.pdf)

La evaluación de países y gobiernos se ha ampliado, pues, por la evidence-based policy. Siempre con la justificación de actuar en el espíritu del conocimiento, de la evidencia y del derecho global.

En realidad, las prácticas de evaluación de países y gobiernos no varían mucho de las del evidence-based policy analysis. Ambas se realizan mediante los logros de la Inteligencia Artificial, con la ventaja añadida para los analizadores y evaluadores de poder ofrecer resultados en “tiempo real”, es decir sin largos procesos de debate científico como era uso hasta hace poco, y sin procesos de debate democrático como todavía era posible en décadas anteriores.

El rápido procesamiento de datos se ha convertido en un factor altamente apreciado en tiempos de pandemias y otras amenazas a la humanidad que requieren respuestas rápidas. Con la ayuda de la Inteligencia Artificial, la elaboración de informes de cumplimiento de estándares ASG (véase la primera parte de esta serie de artículos, capítulo Paso 12. Informes estandarizados sobre el cumplimiento de los estándares ASG) a partir de documentos heterogéneos es cuestión de segundos. El conjunto de estándares de la OCDE para la evaluación del comportamiento de países y gobiernos ha sido simplificado para agilizar el proceso de informes y de su evaluación.

En total, la tecnología de Inteligencia Artificial funciona igualmente rápido para la evaluación de países y gobiernos y en el caso evidence-based policy analysis. La única diferencia es que en el primer caso, el gobierno recibe un ranking dentro de la buena gobernanza de los gobiernos del mundo, mientras que en el caso de llevar la “evidencia” a la política, el ranking de un gobierno se compara, mediante todo tipo de benchmarking, con los logros de otros gobiernos, elaborando posibilidades y pronósticos de posibles mejoras en el futuro. Todo ello es posible sobre la base de la mencionada inmensa cantidad de datos disponibles en las bases de conocimiento de la ONU; OMS; OCDE y otros actores mundiales sobre proyectos y programas de las últimas décadas.

El carácter tecnócrata de los nuevos estándares World en general, y de los estándares ASG en particular, se va exacerbando con las nuevas tecnologías. A consecuencia, es justificada la pregunta por la relación entre la autoridad moral de la ONU (OMS, OCDE y otras OM) por un lado, y por otro, el poder tecnológico/tecnócrata de las mismas OM.

Con la Declaración de los Derechos Humanos Universales, la ONU es conocida como guardiana de los ideales sociales de la libertad, igualdad y dignidad humanas. Con declaración de estándares mundiales, la misma ONU y sus aliados estratégicos han generado un suelo y espacio ideal para que el ser humano sea sometido y atado al cumplimiento de estándares de comportamiento social y político, dictados en su gran mayoría por los intereses financieros mundiales.

En ninguna parte figura el ser humano que se sitúa entre los dos extremos mencionados: el ser humano libre, que tiene noción de todo tipo de normas y estándares externos, pero que no por eso se deja determinar por ellos porque también ama a los ideales de la libertad, igualdad, dignidad y convivencia fraternal, ideales que son tan inquebrantables como quieren aparecer serlo los estándares definidos y gestionados por los OM.

Paso 20: Sostener una realidad jurídico-política mundial paralela. derecho administrativo global

La nueva realidad paralela de estándares autoproclamados de buena gobernanza mundial está respaldada por un nuevo concepto que sale de la nada, o, mejor dicho, del ámbito académico de excelencia mundial: el “derecho administrativo global”. Un concepto construido sobre datos empíricamente recogidos del campo de acción de las nuevas prácticas estandarizadas de la gobernanza sostenible. Un concepto de difícil justificación frente a una verdadera ciencia del derecho con principios como el de la ética judicial, pero no por eso menos eficaz y persuasivo.

Los estudios académicos de instituciones alineadas a la agenda de la gobernanza mundial celebran la “nueva idea” sorprendente, fascinante y revolucionaria, que se ha desarrollado independiente de una concepción seria basada en la ciencia del derecho:

“En conexión con lo que se ha expuesto [en torno al derecho administrativo global], y con las ideas de buena administración y buena gobernanza, una nueva idea surge en los últimos años, si bien con contornos todavía un poco difusos, que podría, incluso, considerarse incluida en las ya mencionadas legitimación por rendimientos o legitimación-equidad: la exigencia de calidad en la actividad administrativa, que estaría expresando, en definitiva, la necesidad de un nuevo consenso social y político en torno a las Administraciones Públicas, detectado ya por nuestra doctrina. La tesis que aquí se sostiene es que: 1. La calidad se refiere no sólo a los resultados sino también a las interacciones entre niveles de gobierno con las organizaciones empresariales y la sociedad civil y por tanto se da la mano con la idea de buena gobernanza.”
INAP Marcial Pons, Derecho Administrativo Global. Organización, Procedimiento, Control Judicial, 2010

Con el descubrimiento de una necesaria calidad de la política y gobernanza, se reproduce y confirma la necesidad de estándares de gobernanza tal como se expresa dentro de los antes mencionados estándares ASG (con la G de Gobernanza), y se reúne bajo un solo concepto, al que el mundo jurídico-político mundial tendrá que acostumbrarse.

El “derecho administrativo global” es un ejemplo representativo de cómo las organizaciones y los poderes World generan una realidad paralela y la venden como realidad real. La “Ley Administrativa Global” (Global Administrative Law) no nace en el espíritu de crear un orden democrático mundial a partir de “estándares” desarrollados por unas ciencias jurídicas independientes o por expertos independientes de filosofía del derecho, que incluirían por ejemplo los principios superiores de la igualdad de los ciudadanos y la dignidad del ser humano.

El plan de construcción del “derecho administrativo global” sigue el método empírico de recopilar las convenciones que en el curso del tiempo se han establecido bajo aspectos de utilidad y eficacia de una política propicia para el poder global de los grandes inversores y multinacionales.

El “derecho administrativo global” es la prolongación y ampliación de los intentos de la OMC y los tratados de comercio mundial TTIP y CETA de crear un derecho mundial paralelo a través de un tribunal multilateral de inversiones. 

El método de construcción del “derecho administrativo global” es el mismo de la institución de una “evidence-based policy”, un método que consiste en recopilar una masa crítica de datos (sacados de una realidad previamente preparada) para influir en las políticas gubernamentales. Como contraparte complementaria, el “derecho administrativo global” genera la ilusión de autonomía para las políticas nacionales – una ilusión que consiste en que estas pueden someterse con tranquilidad y gratitud a una ley superior y un derecho supranacional preestablecido por el marco jurídico-político de estándares internacionales para las legislaciones nacionales. Ambos casos, el de la “evidence-based policy” y el del “derecho administrativo global”, significan una deconstrucción sistemática de la soberanía y eficacia y a las políticas nacionales.

 

Paso 21: El Pacto Mundial de la ONU. Comprometer a todos con OSD, ASG, ISO

Adicionalmente a los estándares para los grandes proyectos y programas de desarrollo (sostenible) de la ONU, que determinan las reglas para las grandes políticas y los grandes inversores y multinacionales, también existen estándares para las empresas pequeñas y medianas. Una amplia gama de agencias certificadoras (privadas) como B Corp miden el rendimiento de una empresa con respecto a “estándares de desempeño social y ambiental, responsabilidad y transparencia.” (B Corp Spain, https://www.bcorpspain.es/blog/b-corp-movimiento.

Todo este compromiso del ·sector privado” es el resultado de campañas organizadas con otro instrumento central regulador, el Pacto Mundial de la ONU, que es

“la iniciativa por la sostenibilidad corporativa más grande del mundo”.

“El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es un llamamiento a las empresas para que incorporen 10 principios universales relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción en sus estrategias y operaciones, así como para que actúen de forma que avancen los objetivos sociales y la implementación de los ODS.”
ONU, https://www.un.org/en/un-chronicle/un-global-compact-finding-solutions-global-challenges

En este sentido, tal como afirma la Red Española del Pacto Mundial de la ONU, el sector privado (que antes de la nueva nomenclatura de los Consensos mundiales, se llamaba “empresas”) está llamado a jugar un papel central en la Agenda 2030.

Con el estándar ISO 37000 para “la buena gobernanza de organizaciones”, establecido en 2021, la International Standards Organisation ha dado otro paso a un campo que originalmente no fue el suyo: el campo de la gestión empresarial “social y éticamente responsable” (ISO; https://committee.iso.org/ISO_37000_Governance).

Con el propósito de ser un estándar que contribuye a la sostenibilidad integridad social y ambiental, el ISO 37000 es un elemento con el que la International Standards Organisation se ha dejado instrumentalizar y acaparar para los grandes programas mundiales, creando un estándar que es otro grano de arena más que ejerce presión moral sobre las empresas.

En combinación con el mencionado estándar ISO 53001, también dirigido al cumplimiento de los ODS de parte del “sector privado”, esto significa: las empresas que hasta ahora estaban certificadas a través de estándares como ISO 9001, para cuestiones de gestión técnico-operacional eficaz, ahora se ven moralmente presionados por cumplir estándares que se originan en el marco de objetivos universales, y por demostrar que entre sus primeros objetivos está el de seguir las perspectivas particulares de una agenda mundial. La unificación de ISO, ODS y ASG además ejerce la presión de tener que presentar las etiquetas de certificación de ISO, ODS y estándares ASG como reconocimiento de autoridades superiores, que supuestamente da una ventaja competitiva en el mercado.

En su documento “El Sector Privado ante los ODS. Guía Práctica para la Acción”, la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas utiliza el argumento retórico de que “la ONU ha reconocido el papel fundamental de las empresas en el desarrollo sostenible”, un argumento que se fundamenta en sí mismo porque tal reconocimiento significa reconocer el papel que la misma ONU ha asignado al “sector privado”.

En el mismo sentido, la Guía Práctica del Pacto Mundial de la ONU repasa los 17 ODS y las opciones para una empresa para involucrarse en ellos. Para cada ODS, se explica “cómo medir la contribución” de la empresa, incluso para los objetivos como “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad”, retomando el argumento estereotípico que se usaba en los tiempos de introducir una política educativa mundial con ayuda del “sector privado” y su esfuerzo de ofrecer modelos de formación empresarial (ONU, Agenda 2030, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2013/08/combatir-la-pobreza-mediante-la-formacion-empresarial/).

El Pacto Mundial de la ONU está perfectamente alineado con el concepto del “public-private partnership” tal como lo promueve el Foro Económico Mundial. Las ideologías del FEM, la ISO, los ODS y los estándares ASG, bajo los auspicios de la ONU, siguen actuando juntas para el objetivo de la mundialización de la sostenibilidad bajo una autoridad mundial central y sus tendencias de constituir un sistema hegemónico.

Por otro lado, el Pacto Mundial de la ONU, dirigido al “sector privado”, es el instrumento complementario a los instrumentos dirigidos al “sector público”. El primero se ocupa de certificar y evaluar las empresas con respecto a los estándares mundiales de AS; el segundo evalúa las políticas públicas con respecto los estándares para la buena gobernanza mundial y los estándares usados por las agencias que evalúan la capacidad y eficacidad de los gobiernos. Ambos stakeholders tienen que rendir cuenta y rendirse al stakeholder principal, al poder del gran capital, que solo despliega sus inversiones bajo la condición del cumplimiento de los diversos estándares ISO y ASG, también formulados en términos más generales y populares en los ODS.

Paso 22. Una sola salud, un solo comportamiento, un solo modo de pensar, una sola educación para la salud 

Una culminación de la escalada de los mencionados pasos consecutivos y consecuentes en dirección de la estandarización mundial en todos los ámbitos, es tomar y darse la soberanía mundial en cuestiones de ciencia y educación, ampliando el poder interpretativo sobre la “evidencia” a dimensiones más amplias.

El método de diseñar y divulgar estándares de comportamiento, sobre todo en el entorno económico-empresarial (véase Pacto Mundial de la ONU), se complementa con la estrategia de desarrollar e implantar en el ideario personal de cada individuo estándares del pensamiento de importancia mundial. El instrumento, mundial, para este objetivo (en consonancia con el correspondiente objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el ODS 4, Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad … para todos), es la One Health Commission.

La One Health Commission es una de muchas agencias privadas cuyo origen, trasfondo y autorización no se ven aclarados en su página web (https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/about_the_commission/), pero que tiene la misión global decisiva de desarrollar un plan de estudios escolares para la enseñanza de One Health, con Common Core requirements (estándares obligatorios para la educación en One Health), desde la educación básica hasta los estudios académicos.

De acuerdo con la Declaración de Adelaide de la OMS, que promueve la “Salud en todas las políticas”, la estrategia de la One Health Commission es promover One Health como tema central de todas las políticas educativas. La salud en todos los campos de la educación: La One Health Commission elabora “estándares” de educación no solo en el campo de la salud sino en todos los campos científicos (con atención especial en la biología, pero incluyendo también la antropología, sociología, etc.). La salud en todos los campos de la concepción del ser humano.

Los programadores de los estándares de educación pueden contar con que el arte político que depende de estándares de gobernanza y de la asistencia para la política basada en la evidencia tampoco será reacia a integrar en su política educativa los estándares educativos dados por las mismas autoridades mundiales.

“El marco organizativo de One Health apoya muchos de los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación y se puede incluir fácilmente en el desarrollo de un plan de estudios que cumpla tanto los requisitos estatales como los Estándares Básicos Comunes.”
(https://www.onehealthcommission.org/documents/filelibrary/resources/Guide_to_Developing_K12_One_Health__AE95AD314CD45.pdf, página 3)

Los Common Core requirements son estándares educativos para EEUU, en cooperación con el gobierno, pero con repercusión en otros países, conforme a la misión mundial de One Health. Los Estándares Básicos Comunes (Common Core Requirements) que son parte del programa de estudios de la Universidad de Hong Kong incluyen clases magistrales sobre “soluciones de problemas sociales mediante Big Data” (https://commoncore.hku.hk/science-technology-and-big-data/) y sobre “la ciencia del pensamiento irracional” que constituye una afrenta a la evidencia científica en la medicina y otros ámbitos y conduce a la desinformación -- (https://commoncore.hku.hk/ccst9027/). La nueva epistemología World ya no pregunta cómo justificar la objetividad de sus métodos científicos; se contenta con denunciar el pensamiento irracional que conduce a resultados erróneos como aberración explicable a raíz de desórdenes psíquicos.

**
Como es fácil de comprobar, los nuevos estándares de educación están formulados coherentemente con los mensajes y el espíritu de One Health. La función de la One Health Commission consiste, pues, en asegurar que One Health, aparte de llegar a la vida de todos, también llegue al pensamiento de todos. 

En dos publicaciones sobre “Las ciencias del comportamiento para mejorar la salud” (febrero de 2023) la OMS extrema la tendencia de control mental. La OMS se presenta como autoridad representativa de la ciencia del comportamiento y considera necesaria una

“adopción sistemática de fórmulas eficaces para influir en el proceder habitual de los individuos y también más allá, lo que incluye los círculos profesionales, institucionales y gubernamentales”.
(https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB152/B152(23)-sp.pdf; véase también: Ciencias del comportamiento para mejorar la salud. Informe del Director General https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB152/B152_25-sp.pdf)

Paralelamente a la preocupación “mundial” de la OMS por el pensamiento correcto, el Foro Económico Mundial (FEM) hizo dos publicaciones sobre cómo asegurar el pensamiento alineado a través de la educación apropiada:

• Definir la Educación 4.0: Una taxonomía para el futuro del aprendizaje (del enero de 2023)
  https://www3.weforum.org/docs/WEF_Defining_Education_4.0_2023.pdf
• Soluciones de aprendizaje innovadoras para navegar por la complejidad: Adaptar el pensamiento sistémico a las aulas del futuro (del julio de 2023)
  https://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovative_Learning_Solutions_to_Navigate_Complexity_2023.pdf

A partir de ser un “enfoque” de la salud, One Health ha evolucionado a ser referente de una sola autoridad mundial para la evidencia y el pensamiento científico correcto, que tiene que tomar las riendas de la educación considerando los gobiernos nacionales incapaces de hacerlo.

**
Las iniciativas nacionales como la de la One Health Commission, son ejemplos de la implementación de estándares de educación en asuntos de la salud tal con los instrumentos estratégicos de la OMS. Una de estos instrumentos es la “WHO’s Mega Country Network for Health Promotion” (mega-red de la OMS para la promoción de la salud a través de los países), que identifica debilidades y lagunas en los sistemas educativos nacionales (falta de recursos, conciencia, cooperación., etc.) y presenta la “mega-red” de instituciones mundiales (FAO, UNESCO, Banco Mundial, ONU, con su función de elaborar soluciones para todo el mundo. (OMS, Improving Health Through Schools. National and International Strategies, School Health Component of WHO’s Mega Country Network for Health Promotion)

El modo de pensar subyacente se centra en la idea de que “la promoción de la salud [mundial] exige la acción concertada de todos: gobernantes, el sector sanitario y otros sectores sociales y económicos, ONG, autoridades locales, industrias y servicios” (Wikipedia, Educación para la salud), sin considerar en ningún momento las formas de autogestión entre profesionales de la salud y pacientes/interesados. La nueva educación para la salud es una reinvención de la rueda que se vende como “una de las disciplinas más jóvenes en el ámbito de las ciencias de la salud” que incluso recibe una propia sigla, EpS (Wikipedia, Educación para la salud), sugiriendo que no hay alternativas a la coordinación de los “sectores” y “stakeholders” mediante “mega-redes” mega-preocupadas por la salud mundial y los mecanismos y estándares de gobernanza entre todos.

Mientras la introducción de estándares de educación estaba limitada a la erradicación de las Humanidades y la definición de un plan de estudios en tecnologías de información y comunicación, la nueva imposición suave de una nueva política educativa en temas de la salud es otro salto cuántico en la centralización de la política social y la mundialización de la salud humana, entrando en asuntos íntimos, personales e individuales que incluyen cuestiones de autodeterminación y autodecisión. Mientras la introducción de estándares de educación significaba llevar la función de los estándares de su campo técnico original al campo social, en el que, como cuerpo ajeno, solo podían provocar daño social, la nueva estandarización de la política educativa en temas de la salud significa otro paso adicional, con el que el mencionado daño social general se amplía hacia la vida de cada individuo.

La desconfianza del estado en que los ciudadanos e individuos puedan gestionar su salud acorde con sus necesidades, criterios y convicciones, se amplía hacia la desconfianza de las instituciones World hacia los últimos gobiernos que todavía se sientan capaces de una política educativa propia; por otro lado, el interés natural del estado de imponer una educación única estatal se expande al interés de los actores World de imponer una educación única mundial.

Una de las innumerables declaraciones de instituciones World que demuestran cómo los dos asuntos centrales de la vida social, la educación y salud, reciben una atención que se autoalimenta en mutuo reforzamiento para escalar a nivel mundial, es la siguiente, formulada por la UNESCO, en forma de caricatura involuntaria de las aspiraciones World:

“Más allá de las contribuciones individuales de la educación y la salud a la paz y de su condición de ser derechos de la humanidad en sí mismos, cada vez se reconoce más la relación simbiótica que existe entre ellos: una educación de calidad permite a las personas llevar una vida más sana y, a su vez, una buena salud y nutrición garantiza que los alumnos aprendan mejor; de hecho, invertir en intervenciones que mejoren tanto los resultados educativos como los relacionados con la salud puede aumentar las perspectivas de paz, derechos humanos y desarrollo sostenible.”
UNESCO, Biblioteca Digital, 2022; https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381535

Sería suficiente leer con atención e interpretar esta afirmación colmada de frases huecas, ya que puede ser más instructiva y esclarecedora que leer la presente serie de artículos. Alcanza dimensiones humillantes el hábito de explicar al mundo inculto e ignorante que la educación y la salud son centrales en su vida y que son importantes para conseguir la paz y sostenibilidad mundiales.

El mensaje sugestivo de este tipo de declaraciones (aparte de sus promesas ilusorias) consiste en que el individuo no necesita criterio propio ni sentido común, ni cabeza ni corazón, para entender lo que es fundamental para su vida: la autoridad mundial se encarga de todo ello, y también se encargará de lo que el individuo tiene que saber y lo que no necesita saber.

En este sentido, los estándares de educación, y en particular de educación en salud, dados por una sola autoridad mundial tienen el efecto de provocar letargia de pensamiento en la conciencia pública; inversamente, la letargia de pensamiento genera un vacío en el que la misma autoridad mundial puede ocupar cada vez más espacio con cada vez más directrices únicas y centrales. Es una espiral o un círculo vicioso mundial, con fuerte tendencia de sustituir y destituir los procesos microsociales como la aplicación de un trabajo hermenéutico con criterios elegidos por el médico personal o investigador individual.  (Un elemento constitutivo de la espiral viciosa son los casos en los que una autoridad mundial justifica su intervención con su autoridad superior de declarar lagunas de legislación y capacidad insuficiente de gobiernos de implementar una política sanitaria eficaz en el espíritu del Banco Mundial, la OMS y los demás actores de la salud mundial).

Se repite la cadena argumentativa y persuasiva que comienza con “acceso a servicios” y continúa con “acceso a servicios de calidad”, “acceso a servicios de calidad garantizada por estándares”, etc. (véase arriba), ahora a nivel intensificado y con consecuencias sociales más graves. La nueva cadena argumentativa y persuasiva empieza con los elementos de “acceso a servicios sanitarios”, “acceso a servicios sanitarios de calidad”, “acceso a servicios sanitarios de calidad garantizada por estándares”, etc.

 

Paso 23. Convertir estándares mundiales en ley nacional

En este artículo hemos conocido varios escenarios de cómo los nuevos estándares ASG influyen en el ámbito jurídico-político y forman un mundo paralelo a él, pero también tienen la tendencia inherente de convertirse en ley, ya sea que sean estándares de facto, establecidos desde la nada por las organizaciones World, o definidos y redefinidos por ellos. Una clase magistral, de un estilo digno de escenario del Gran Teatro del Mundo, sobre cómo convertir directamente los estándares mundiales creados en ley nacional es el caso del “Marco de Inversión Extranjera Directa” (IED) definido por la OCDE.
En su “Definición Marco de Inversión Extranjera Directa” (IED), la OCDE declara que su definición
“establece el estándar mundial para la medición de la IED” (inversiones extranjeras directas)
OCDE Definición Marco de Inversión Extranjera Directa, 2008, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264094475-es.pdf

15 años después de que la OCDE se autodeclarase autoridad de definir y colocar en el mundo este estándar mundial, la legislación nacional española justifica la actualización de la ley para inversiones exteriores en España con el argumento de que

“debe tenerse como referencia el estándar mundial contenido en la «Definición Marco de Inversión Exterior Directa» publicada en su cuarta edición de 2008 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que lleva a introducir una serie de cambios”,
BOE, Legislación Consolidada, Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores. BOE-A-2023-15549
https://www.boe.es/buscar/pdf/2023/BOE-A-2023-15549-consolidado.pdf

Dichos cambios consisten en facilitar y agilizar los procedimientos de tramitación de autorización de inversiones exteriores.

En una nota de prensa de Ministerio de Economía Comercio y Empresa de España se declara que

“El gobierno moderniza la normativa de inversiones, reforzando la seguridad jurídica para inversores y empresas”
…
“El Real Decreto permite al inversor reducir las cargas y posibles trabas administrativas y se reducen los plazos de respuesta y de resolución, que era una de las principales demandas de los empresas e inversores.”
Ministerio de Economía Comercio y Empresa, Real Decreto de Inversiones Extranjeras en España,
https://comercio.gob.es/es-es/NotasPrensa/2023/Paginas/230704_RDInversionesExterior.aspx

En junio de 2024, el Código de Inversiones Extranjeras en España toma como punto de referencia el mencionado Real Decreto 571/2023, pero también el

“régimen transitorio de los procedimientos simplificados previstos en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.”
BOE, Código de Inversiones Extranjeras en España, edición actualizada a 27 de junio de 2024, https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=147_Codigo_de_Inversiones_Extranjeras_en_Espana&modo=2

Esta referencia da a entender que el objetivo de las normativas, de acelerar y simplificar los trámites administrativos para inversiones extranjeras, se justifica también por las emergencias y pandemias posibles (y pronosticadas); el “artículo 15, Ámbitos de Inversión” especifica, entre otros, el ámbito de “servicios esenciales relativos al mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad …”.

El caso descrito es un caso sintomático de cómo los gobiernos pueden adaptar una normativa desde un estándar World existente. El método ciego de copiar y pegar es un caso extremo de varios escenarios posibles de interferencias entre el mundo de los estándares y el mundo del derecho; por otro lado, es un ejemplo de cómo la jurisdicción nacional está mentalizada a recibir sus inspiraciones de realidades prefabricadas en la forma de estándares externos mundiales – una disposición con la que los responsables políticos cada vez más van adquiriendo el hábito de aceptar ideas y principios creados por un grupo de personas externas sin cuestionar su autoridad, incluyendo las definiciones como la del “derecho administrativo global” que socava el derecho nacional, pero es aceptado por este último como fuerza superior y realidad inalterable.

No es secreto que la fuerza superior que actúa entre bastidores es la de las “demandas de los empresas e inversores”, mencionada directamente en la cita anteriormente resaltada. En este contexto, las repetidas exhortaciones a invertir más en la salud pública, dirigidas a los gobiernos de todo el mundo de parte de la OCDE, la ONU, la OMS y el Banco Mundial, son inseparables de los estándares para la inversión en servicios (sanitarios) “de calidad” creados por los mismos actores: la OCDE, la ONU, la OMS y el Banco Mundial. Todo un mundo prometedor de negocio e inversión. Para más detalles, incluyendo los estándares emergentes para la “inversión sostenible” y la mercantilización de servicios, véase la segunda parte de esta serie de artículos.

 

Paso 24. Estándares para todo y todos. No hay quien se salve

Desde la introducción de los estándares mundiales para la educación a finales del siglo pasado, el lema mundial de “Que nadie quede atrás” fue un éxito redondo, y sigue siéndolo con respecto a los nuevos objetivos y estándares para los campos de sostenibilidad y salud. En estos campos, es posible intensificar la presión moral del lema sobre la conciencia pública, ya que la salud es un asunto que afecta a todos de cerca. Además de ello, a nivel político, los responsables tienen que rendir cuentas a una autoridad central de la salud. “Que nadie se crea exento”.

Bajo el régimen de la Agenda 2030 y los estándares ASG e ISO y los estándares de evaluación de la OCDE, es prácticamente imposible que alguien no esté afectado; por ejemplo los PYME, que se ven obligados a demostrar que cumplen los estándares económico-empresariales ISO y otros, orientados a los ODS; los hospitales, que tienen que elaborar informes de cumplimiento de estándares ODS, ASG, ISO u otros para demostrar la eficacia y la “calidad” de servicios; los centros escolares, que se ven forzados a seguir los estándares de enseñanza introduciendo más TIC más digitalización del aula.

En general, no hay campo o proyecto social que no pueda considerarse parte, o se autodeclare parte, o sea objeto de la Agenda 2030 y los ODS. En consecuencia, no hay ámbito social que se salve de los estándares mundiales y la evaluación de su cumplimiento.

• En el ámbito cultural-espiritual, la Iniciativa denominada “Impacto Académico de la ONU” normaliza el trabajo de universidades que quieren participar en este programa y ser “centros de referencia” y “centros para los ODS” de la ONU:
  https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/sdgsinacademia-centro-ods-para-el-objetivo-5. Dentro del “Marco de Acción Educación 2030”, la UNESCO destaca “la importancia de estándares y normas educativas”). En su empeño de realizar un “seguimiento de la educación en el mundo”, exige “instrumentos normalizados que posibilitan las comparaciones de los gobiernos locales y las escuelas” y para “vigilar los avances”, con el fin de “alcanzar un fin -una herramienta para el logro de las metas del ODS 4”. (UNESCO, Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2017-2018). Por otro lado hay que mencionar la One Health Commission, que define los contenidos de One Health como tema central de las políticas educativas y para los planes de estudio en EEUU, desde la enseñanza básica a la superior.
• En el ámbito económico, los estándares empresariales están creciendo como los hongos. Aparte del Pacto Mundial de la ONU, cooperan instituciones como la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional de Normalización (ISO).
• Los dos ámbitos mencionados, el cultural y el económico, dependen de una gobernanza de políticas nacionales unificadas bajo los estándares de “gobernanza”. Por ejemplo, la declaración de Adelaida, de la OMS, “sobre la salud en todas las políticas”, ya partía del pensamiento de orientar las políticas en todos los sectores de la vida en el principio de la salud. La OCDE aporta el aspecto complementario de los estándares de sostenibilidad en todos los campos y en todas las políticas (véase la tercera parte de esta serie de artículos, “Estándares de gobernanza. Evaluar el buen comportamiento de los gobiernos”).

Conclusión

En este capítulo hemos conocido los varios instrumentos de estandarización mundial de los campos de la vida, instrumentos en gran parte empleados por la ONU, sus suborganismos y sus aliados estratégicos.

Los nuevos estándares mundiales (estándares ambientales, sociales, de gobernanza (ASG) culminan en estándares de educación, de salud, y de educación para la salud, y en última instancia en el establecimiento de un pensamiento y comportamiento normalizados, únicos y uniformados para una nueva humanidad centralmente dirigida.

El efecto inevitable que el enorme aparato mundial para la estandarización, la evaluación y el monitoreo ejerce sobre las políticas nacionales, con consecuencias para muchos campos de la vida y para la vida de la ciudadanía, puede provocar preguntas como: ¿Qué tipo de estándares de gobernanza definiría el ciudadano? ¿Qué criterios pondría para evaluar la “gobernanza sostenible” de su gobierno? ¿Por qué la ONU, la International Standard Organization, el Banco Mundial y la OCDE no están desarrollando estándares mundiales de evaluación de gobiernos para la ciudadanía en todo el mundo; posiblemente con la misma sistemática escrupulosa con la que se están desarrollando estándares SAG?

En los siguientes artículos se tratarán temas como los estándares emergentes para la “inversión sostenible” y la mercantilización de servicios (segunda parte), los instrumentos de la “Nueva Gobernanza Mundial” y de evaluación de gobiernos (tercera parte), la estandarización mundial de la política sanitaria (cuarta parte), y las consecuencias en forma del debilitamiento de la vida socio-política, el pensamiento social y la conciencia pública (quinta parte).